El exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado por caso de corrupción durante su gestión, presuntamente formó un «concierto de voluntades» junto a otros seis imputados que ocupaban diferentes cargos en la institución, para cometer actos contrarios a la ley y  cambiar la naturaleza del Ministerio Público como ente persecutor.

Así está contemplado en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad del caso que involucra también a Johnnathan Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra y Rafael Mercede Marte.

La solicitud reseña 19  características que define al  presunto entramado que habría liderado el exjefe del Ministerio Público en el pasado gobierno, las cuales fueron extraídas del documento y presentadas a continuación:

Convirtieron a la Procuraduría General de la República en el centro de operación de la estructura criminal, transformando la misión de la organización en un objetivo inverso, ya que en la práctica pasó de la obligación constitucional de perseguir los crímenes y delitos a materializarlos a gran escala.

Utilizó a la Procuraduría como una especie de comando político o centro de operación desde donde se dirigía el Movimiento Político Renovación y las aspiraciones personales del entonces Procurador.

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 Distrajeron cuantiosas cantidad del presupuesto de la Procuraduría, para solventar los gastos de equipamiento de local, comida de persona, empleados, material gastable, transporte, combustible, entre otros; todo esto en detrimento de recursos básicos para perseguir los hechos delictivos, facilitar el acceso a la justicia de las personas, proteger las víctimas y testigos y mejorar las condiciones laborales del capital humano.

Crearon proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de tener actividades que le permitieran ejecutar presupuesto millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficios personal, en detrimento de los fondos públicos.

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Construyeron el principal centro penitenciario del Plan de Humanización en terrenos que tenían propietarios, involucrando la organización en una serie de reclamos de ciudadanos que alegan haber sido despojado de sus propiedades de manera irregular.

 Montaron una cuantiosa propaganda publicitaria para vender la imagen del Procurador General de la República, con el objetivo de obtener créticos que no se sustentaban en indicadores de gestión.

Distrajeron fondos de agencia de cooperación internacional, con lo que, además de cometer un delito, colocaron al país en una vergüenza internacional.

Alquilaron vehículos por montos millonarios para realizar supuestos servicios innecesarios, sobrevaluados y ficticios en algunos casos.

Sobrevaluaron y asignaron de manera ilícita la construcción del laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), privando las investigaciones de los fiscales de la preciada prueba científica.

Adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer en beneficios personales equipos que son propiedad de la Procuraduría General de la República.

Crearon nóminas ficticias para distraer fondos del Presupuesto de la Procuraduría General de la República.

Eliminaron las principales fuentes de información de la organización, con el objetivo de destruir evidencias de los hechos que habían cometidos, colocando a la institución en una pérdida irreparable de información en área tan sensitivas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.

Establecieron un proceso fraudulento de compras en el que se legitimaban los oferentes, que en su gran mayoría eran escogidos previamente.

Recibieron dinero de soborno en bultos que eran traído a la propia sede de la Procuraduría General de la República.

Crearon empresas a través de testaferros para ellos mismos venderle a la institución, en franca violación a la ley de Compras y Contrataciones y la ley de lavado de activos.

Utilizaron la sede de la Procuraduría General como un centro de envase y distribución de ron que se utilizaba en las campañas políticas para la selección del candidato del partido oficialista en el 2019, la escogencia de los alcaldes y regidores, así como para la compaña presidencial del 2020.

Destruyeron evidencias en un gran operativo de trituración, en plena transición gubernamental del 2020, desapareciendo cientos de evidencias, colocando a la institución en la terrible situación de haber perdido parte importante de su memoria histórica.

Incrementaron documentos de la institución sin dejar acta ni constancia del proceso.

Utilizaron programas informáticos para espiar empleados de la institución, en franca violación de los derechos fundamentales. Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos, en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas.