El exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, aseguró ayer que si el Congreso finalmente impusiera el alza salarial a los legisladores pondría en apuros al Gobierno, ya que organismos y servidores públicos reclamarían ser favorecidos con el mismo tratamiento.
En una nota, el economista afirmó que si esos reclamos no fueran atendidos se crearía una situación discriminatoria provocadora de inconformidades entre los servidores públicos, que afectaría no solo la calidad de los servicios sino también el orden y la paz social.
Al referirse a las declaraciones de ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, de que el aumento de los legisladores es conforme a la ley y que no viola el artículo 40 de la Constitución porque no fue aprobado por los actuales, dijo que aunque eso fuera cierto quedaría por resolver la compatibilidad legal de esa decisión con el Presupuesto General del Estado, que también es una norma.
Dijo que el Congreso Nacional recibe los fondos del Poder Ejecutivo como lo consigna el presupuesto de cada año, que es la ley de Gastos Públicos y que todo aumento salarial conlleva un aumento de gasto.
Indicó que para el año en curso ese poder del Estado ya tiene su partida asignada y el monto del gasto establecido, por lo que el aumento postulado carece de disponibilidad financiera.
Recortar otras partidas. Caram manifestó que en lo asignado al Congreso no estaba previsto aumento de salarios, por lo que deben quedar congelados los actuales, a menos que no recorte otras partidas que debería precisar, para poder subirle el sueldo a los legisladores.
“De acuerdo, pues, a las leyes presupuestarias el aumento salarial de legisladores no será posible a menos que se precise simultáneamente la fuente de esos fondos” expresó el economista.
Además de eso, señaló que se está ante una delicada situación de conflictos de leyes que puede culminar en una lucha de poderes e incluso desencadenar conflictos sociales.