Hoy 
POR LEONORA RAMÍREZ S.
Al gobierno se le hará muy difícil cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque si se aplican más impuestos, se mantienen los altos precios de la electricidad y de la tasa de interés de los préstamos bancarios, y se reducen las inversiones públicas que generan empleos, las recaudaciones fiscales van a caer, dijo el economista Guillermo Caram.
Asimismo, sugirió a las autoridades que concerten modificaciones al acuerdo Stand By que firmaron con el FMI, «porque será complicado acatarlo, dado el nivel cercenado de la inversión, las proyecciones de ingresos, y las mismas presiones sociales por empleo que tienen que provenir de una economía dinamizada y un programa de inversiones públicas activo».
El empresario Celso Marranzini, consultado también sobre las expectativas del sector productivo respecto al pacto con el FMI, expresó que el país no resiste más cargas impositivas, y que lo conveniente es mejorar la administración tributaria.
«Esperamos que no hayan más impuestos, que se ordene la administración publica y que se recorten los gastos todo lo que sea posible, porque estamos en una situación de falta de competitividad por los elevados impuestos y costos operacionales.
«Si se quisieran imponer nuevas restricciones las consecuencias serían una mayor recesión, quiebra de empresas y pérdida de empleos», dijo Marranzini.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Moisés Pineda, manifestó que el gobierno está obligado a realizar otra reforma fiscal en junio de este año. Sin embargo, Rafael Camilo, el superintendente de Bancos, refirió que, sólo si el Congreso norteamericano aprueba el Tratado de Libre Comercio con el país, es que en el 2005 será inminente otra reforma tributaria.
Caram consideró además que el gobierno está dando señales confusas en torno al cumplimiento del trato económico, porque mientras es imperativa la reducción de obras de infraestructura, el Presidente Leonel Fernández recorre el país prometiendo construcciones y anuncia la ejecución de un megaproyecto como el Metro de Santo Domingo.
«Si no se satisfacen esas promesas, las que hace el Presidente, podrían generarse conflictos sociales», vaticinó Caram.
En enero el FMI aprobó el convenio, que durará 28 meses, y que permitirá que el país reciba, sólo de ese organismo, US$670 millones. Pero a cambio tiene que destinar el 40% del presupuesto de gastos públicos al pago de la deuda externa.
Las negociaciones con el organismo multilateral comenzaron en el 2003, durante el mandato del expresidente Hipólito Mejía, para efrentar la crisis económica que provocó la quiebra, por el manejo fraudulento de sus operaciones, de los bancos Mercantil, Baninter y el Banco Nacional de Crédito.
ESPERA NO HAYAN DESPIDOS
Marranzini expresó que, aunque un acuerdo con el FMI siempre trae de la mano ajustes económicos, lo importante es que se restablezca la estabilidad macroeconómica.
«Eramos de los pocos países que clamábamos por la presencia del Fondo, lo que debemos esperar es estabilidad macroeconómica y si eso se alcanza pues será un gran logro».
La esperanza del sector empresarial, de acuerdo a Marranzini, es que no haya necesidad de reducir la empleomanía, «pero queremos ver cómo se van tomando medidas que compensen a los empresarios sin que el gobierno pierda recursos».
