A mi profesor de la Escuela Política de Costa Rica, Presidente Luis Alberto Monje, lo acusaron de corrupción, porque un empleado de su despacho ordenó el pago de la reparación de un aire acondicionado de la residencia del entonces mandatario.
El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, [BG1] huyó hacia el asilo en Nicaragua, acusado de haber aumentado su patrimonio en 700 mil dólares, lea bien, 700 mil dólares, que multiplicados al 50 por un dólar, suman 35 millones de pesos dominicanos.
Ambos sometimientos, ambas acusaciones reflejan y revelan una preocupación porque los dineros del erario sean manejados adecuada, legal y decentemente, para beneficio de los respectivos pueblos.
El presidente Funes viajó a Nicaragua, país donde sólo la permisividad inconmensurable, la corrupción y el dejar hacer, dejar pasar, permite que Daniel Ortega gobierne la tierra de Rubén Darío y Edwin Castro Rodríguez, luego de que el otrora revolucionario descubriera el discreto encanto de la burguesía y decidiera apropiarse de una mansión que ocupó durante su primera presidencia, en una garata con puño que los nicas llaman “la piñata”
Aquí, los funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, han sido tan maliciosos que compraron, coaccionaron, abusaron y lograron formar mayoría en el Congreso y en las altas instancias judiciales, lo que les ha permitido convertir la impunidad en una doctrina de gobierno.
Esa seguridad jurídica, que ha convertido la corrupción en un ejercicio constante de la enajenación de los recursos del Estado, es una práctica que ha llevado a muchos a ser parte de una gran asociación de malhechores.
No recuerdo el monto de los recursos del Estado manejados por el hoy Senador por Elías Piña, acusado de la comisión de irregularidades e ilegalidades por el gobierno de Joaquín Balaguer.
Sí recuerdo la iniquidad [BG2] de Balaguer y Vincho Castillo, quienes aprovecharon el momento de debilidad causado por la división del Partido Revolucionario Dominicano, para acusar a Salvador Jorge Blanco de actos de corrupción que, finalmente, nunca le fueron probados. Así le cerraron el paso a una posible postulación de Salvador para el 1990.
El manejo maligno, ilegal y acomodaticio del Poder Judicial es tal, que el Síndico de San Cristóbal se queja de que la justicia no procede contra Raúl Mondesí, ex Síndico de aquella demarcación, acusado de cometer irregularidades por 200 millones de pesos, pero no se le juzga.
Y ahora, la guindilla colocada en el tope del pudín: dos de tres jueces que se mudaron de posiciones políticas en el PLD a la Suprema Corte de Justicia, votaron en favor de que se archive el expediente contra Víctor Díaz Rúa por un tecnicismo legal.
La justicia de Santo Domingo nos mata con cuchillito de palo.
¿Qué pasos dar para cambiar tal situación?