El Gobierno dominicano utilizará gran parte de las multas millonarias que impuso por los casos de soborno a las empresas brasileñas Odebrecht y Embraer para construir cárceles y reducir el elevado nivel de hacinamiento de los presos.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, anunció hoy más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema penitenciario con una inversión de 170 millones de dólares. Será «una transformación de la infraestructura penitenciaria», aseguró.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Prisiones, las cárceles tienen una sobrepoblación del 85% y el caso más grave corresponde La Victoria, al norte de la capital, que tiene capacidad para 1.200 internos y aloja en promedio a más de 9.000.

Rodríguez dijo que en 18 meses la Penitenciaria de La Victoria no lo será más, ya que, como parte del plan de humanización del sistema penitenciario, se construirá un nuevo complejo penitenciario de 12 módulos, «con lo que eliminaremos de manera definitiva el hacinamiento».

Agregó que este complejo estará ubicado en Las Parras, en el municipio de Guerra, de la provincia de Santo Domingo y los 12 módulos tendrán una capacidad de 9,257 internos, de los cuales 8,592 serán hombres y 665 serán mujeres, debidamente separados en pabellones.

El procurador resaltó que este plan incluye también intervenir las cárceles preventivas ubicadas en 12 palacios de justicia y en otras dependencias a nivel nacional, incluida la ubicada en el municipio de San Luis en el municipio de Santo Domingo Este. Indicó que esas instalaciones serán remozadas.

Dijo también que se construirán 2 nuevos centros de atención integral para adolescentes en las provincias de Barahona y La Romana, con una capacidad combinada de 168 internos. «Estas nuevas estructuras servirán para descentralizar los centros de este tipo y distribuirlos de manera más equitativa a nivel nacional», expuso.

Destacó que, a partir de la implementación del «Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional», todas las infraestructuras penitenciarias cumplirán gradualmente con todas las normas internacionales de Derechos Humanos, así como también con los estándares mínimos para el tratamiento de privados de libertad aceptados por la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos como las “Reglas de Nelson Mandela”.
Las multas. Las autoridades dominicanas impusieron en 2017 una multa de 184 millones de dólares a Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en América Latina.

El monto de la multa representa el doble de los 92 millones de dólares que los ejecutivos de la empresa reconocieron haber pagado a funcionarios dominicanos para conseguir contratos sobrevaluados con el gobierno para la construcción de obras de infraestructura entre 2001 y 2014.

La multa es pagada desde 2017 en cuotas anuales que concluirán en 2025. En agosto, las autoridades impusieron una multa de siete millones de dólares a la compañía aeronáutica Embraer por haber pagado coimas por 3,5 millones de dólares a militares, empresarios y funcionarios dominicanos para asegurar la venta al Estado de una flotilla de ocho aviones Súper Tucano A-29B.

El lote de aviones militares fue adquirido por el gobierno dominicano entre 2009 y 2010 con un costo total de 93,6 millones de dólares.

Luego de acordar los montos de las multas con las compañías involucradas, la Procuraduría dominicana renunció a presentar cargos judiciales contra los ejecutivos brasileños de esas empresas, algunos de los cuales ya han sido procesados en Brasil.