Las dudas sobre el destino del exprocurador  Jean Alain Rodríguez ya fueron despejadas. Por disposición de la jueza Kenya Romero, pasará desde la celda preventiva de Ciudad Nueva, donde permanecía, a la cárcel de Najayo-Hombre, en San Cristóbal, donde deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva junto a otros cuatro de sus colaboradores.

Rodríguez apresado  fue apresado a finales de junio en la sede de la Procuraduría General de la República, donde acudió de manera voluntaria luego de que las autoridades ejecutaran allanamientos a su apartamento, ofician y la vivienda de su madre, en el marco de la Operación Medusa. Previamente, se le impidió la salida del país en el mismo aeropuerto.

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Además de Rodríguez, fueron enviados a prisión Alfredo Solano, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert y Javier Alejandro Forteza, a quienes también se le impuso 18 meses de prisión. Todos figuran como colaboradores de plena confianza del Rodríguez y, por tanto, acusados por el Ministerio Público de estafa contra el Estado, corrupción, coalición de funcionarios, lavado de activos y otros ilícitos.

Nuevos y graves cargos. «Tenemos formar compromisos de seguir trabajando en esos casos que no dejan de ser desafiantes y que muchas veces llega el equipo a trabajar 18 horas, los siete días a la semana», expuso la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, al dar a conocer sus primeras impresiones tras la coerción a los imputados.

«Esta es una investigación abierta; el Ministerio Público pasará más personas con relación a este proceso. Igual decimos que después de la presentación de la medida, han surgido nuevos y graves cargos que en los próximos días el Ministerio Público dirá en la etapa procesal», agregó la magistrada, quien junto al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, encabeza los sometimientos.

En el expediente depositado por el Ministerio Público también figuran Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña, Altagracia Guillén Calzado,  y la empresa Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, SRL, a través de la cual su propietario, también imputado, habría cobrado casi 20 millones por impartir cursos y realizar otras iniciativas.