POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, informó ayer que la cárcel está preparada para recibir al empresario israelí Sam Goodsom contra quien fue dictada orden de captura internacional.

«Un juez ordenó su arresto y su extradición, nosotros lo que hacemos es cumplir con la ley y las decisiones judiciales», precisó el fiscal.

En tanto, el abogado Félix Damián Olivares informó que técnicamente ya no pertenece a la defensa del empresario israelí, aunque dijo entender que contra éste se ha cometido un atropello incalificable, además de que se le ha violado el debido proceso.

Dijo que sus abogados en Estados Unidos le recomendaron que no venga al país hasta que no se aclare su situación.

Goodsom es representado legalmente ahora por el abogado José Alfredo Biaggi Pumarol.

Olivares dijo que en la acusación formulada por el Ministerio público al extranjero se le atribuye ser cómplice de funcionarios, pero no se identifica de qué funcionarios.

«Hablan de sobornar voluntades, pero quien es voluntades. Se habla de una licitación pública en donde participaron 11 empresas y él es el que vende más barato», precisó.

CASO CÉSPEDES MARTINEZ

Por otro lado, en rueda de prensa efectuada en su despacho, el fiscal Hernández Peguero, al referirse al caso del ex procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, dijo que la ley se ha interpretado incorrectamente.

Dijo que el Ministerio Público apelará la decisión del juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, quien emitió un auto de no ha lugar a favor del ex funcionario, el ex procurador adjunto Francisco Cadena Moquete y la abogada Maritza González.

«Entendemos que una persona que sirve en una función publica para hacer lo que la ley lo obliga dentro del ejercicio y las atribuciones de sus funciones no necesita cobrar algo adicionar, porque si fuera así nosotros vamos a cobrar 100 millones por el caso Quirino», precisó Hernández Peguero.

Pregúntense si ustedes como reporteros van a cobrar adicional por un caso especial,»por el hecho de que se queden a altas horas de la noche en el caso de los coroneles o por cualquier otro caso».

CASO OFICIALES

Hernández Peguero también se refirió al caso de los oficiales activos y retirados acusados del usufructo de vehículos robados y recuperados por la institución del orden, cuyo expediente está siendo conocido por la jueza Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

«Hacemos la observación de que la Fiscalía cuenta con más que suficientes pruebas para que la magistrada emita una providencia calificativa contra todos los imputados», indicó.

Agregó que una demostración palpable de ello es la devolución de 102 vehículos por parte de los imputados cuando fueron requeridos por el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez.

Recordó que de esos 102, un total de 60 fueron entregados a sus propietarios.

Asimismo, añadió que además está el informe de las pesquisas que hizo la junta investigadora, integrada por oficiales, el Secretario de Estado de Interior, Franklin Almeyda y un representante del Ministerio Público.

«Entre las pruebas están las informaciones y testimonios de las personas que fueron despojados de sus vehículos y de las diligencias que hacían frente al ex jefe de la Policía para que se lo devolviese», insistió.

Hernández Peguero citó también entre las pruebas que poseen las libretas que internamente usaba el encargado de asentar las novedades sobre las asignaciones de los vehículos, en donde constan como de asignaban de manera violatoria a la ley, los vehículos recuperados por los agente policiales.