El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, pidió a las autoridades carcelarias aumentar el número de médicos y enfermeras en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde hay un total de 7,685 privados de libertad que viven en completo hacinamiento.

Dijo que en la actualidad solo cinco médicos y tres enfermeras trabajan de manera ocasional para atender las demandas de salud de los internos que la necesitan.
“La salud es un derecho fundamental y las personas, aunque estén privados de libertad deben recibir este servicio, por lo que requerimos de la Procuraduría General cambiar esta situación”, dijo el Defensor del Pueblo durante un recorrido por el Penal.

Lo hizo acompañado de Inka Mattila, las autoridades penitencias del país, y de la la representante y el gerente de proyecto del PNUD, Giselle Chahín y Roberto Hernández Basilis, respectivamente.

De acuerdo a los datos de la Procuraduría General de la República, un tercio de la población privada de libertad en el país está en la cárcel de La Victoria y la misma carece de dispensarios médicos en condiciones apropiadas, centro de rayos X y laboratorio, así como de un personal médico permanente.

Aunque se construyó una nueva Victoria dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, cuya supuesta sobrevaluación tiene preso al exprocurador Jean Alain Rodríguez, el proceso de traslado de los internos no se ha iniciado.