Aumentan las atrocidades criminales y la población queda atónita ante los hechos. Matar para robar es antojadizo y espeluznante.

Drogas, desempleo, aspiraciones de consumo insatisfechas, salarios insuficientes, individualismo rampante y el asentamiento de una economía de delincuencia común y cuello blanco, en la que participan amplios segmentos de la sociedad.

Independientemente de las explicaciones que se ofrezcan del por qué de los actos criminales, se busca un culpable.

No es el gobierno ineficaz, ni el empresariado explotador, ni el individuo irresponsable y malhechor. Culpables, dicen voces contundentes, son el Código Procesal Penal y el Código de Menores y Adolescentes.

Si tan fácil es identificar la causa, que actúen consecuentemente en la solución.

Que modifiquen los códigos para establecer mayores penas, y que construyan más cárceles, muchas cárceles, porque tanta gente sentenciada no cabrá en los calabozos.

Hay tres problemas, sin embargo, con este cacareado veredicto sobre  los códigos.

Primero, en las cárceles muchos delincuentes perfeccionan sus habilidades delictivas; y los que cumplen condena por error, aprenden el oficio de delincuente. Por eso, para que el sistema penitenciario tenga un efecto social positivo, hay que desinfectar las prisiones, sacar la delincuencia del tuétano de las cárceles. ¿Está dispuesto el gobierno?

Segundo, si modifican el Código Procesal Penal y de Menores para arreciar las penas y enviar más delincuentes a prisión, en la lista de criminales debería incluirse a los delincuentes de cuello blanco del sector público y privado que roban muchos recursos desde sus cómodas oficinas.

Tercero, es cierto que el micro tráfico de drogas y el uso de estupefacientes son constitutivos del aumento en la delincuencia juvenil. Pero la droga ha proliferado en el país por la acción consciente y malsana fundamentalmente de adultos, no de adolescentes. Por eso hay que penalizar más a los grandes que a los menores.

El aumento de la criminalidad es trágico en la República Dominicana, pero antes de satanizar y modificar los códigos, hay que sanear muchas instituciones públicas, incluidas las policiales y de justicia, para que sean modelos de orden y legalidad, no cuevas de desorden y delincuencia.

Por otro lado, el problema de la drogadicción juvenil es también de clase. Los ricos tienen recursos para satisfacer sus vicios; los pobres recurren muchas veces a la delincuencia para satisfacerlos.

Si se cambia el Código Procesal Penal y de Menores para condenar de manera más expedita a los delincuentes jóvenes, sería justo que se sometan también a los adultos que permiten la entrada y distribución masiva de drogas en el país.

Si la justicia no comienza por los principales responsables, ni los códigos ni las cárceles serán suficientes para resolver el problema de la delincuencia.

También hay que enviar al calabozo a los que sustraen recursos públicos  inescrupulosamente y privan la ciudadanía del derecho a la educación, la salud, y la posibilidad de vivir mejor.

Es fácil ser grandilocuente ante los problemas de la delincuencia, hablar de guerra al narcotráfico y de tolerancia cero.

Pero mientras en el país predominen las grandes carencias, y cada crisis nacional o internacional deje la economía en mayor precariedad, será difícil combatir la delincuencia, con o sin códigos modificados.

A quienes vociferan contra el Código Procesal Penal y de Menores, que actúen de manera expedita, que endurezcan las sanciones, pero no sólo para los menores, sino también para los adultos que fomentan una sociedad de grandes desigualdades y una economía de la criminalidad.

No olvidemos que la mayoría de los delincuentes no son niños ni jóvenes, sino adultos. Que caiga primero sobre ellos el peso de la ley.