El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) recomendó adoptar medidas urgentes para erradicar la mora judicial y mejorar situación laboral de jueces y fiscales, la mayoría de los cuales son víctimas de maltratos generalizados.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, dijo que es imprescindible reforzar las garantías laborales que refuercen la independencia de jueces y fiscales, para que no puedan ser objeto de represalias por las decisiones que emitan, alegando que un juez sujeto a represalias es un juez esclavo de sus superiores jerárquicos.
El gremio que agrupa a más de 60 mil abogados, también manifestó preocupación por el deterioro de las condiciones laborales, planta física, escasez de personal, material y equipos, que complica el rendimiento de los servidores del sistema de justicia.
«Otro problema que se registra es la falta de garantías laborales que impidan un traslado o una degradación no consentida, por ausencia de mecanismos protectores que frenen la aplicación de dichas medidas», expresó Surun Hernández.
Elecciones
Durante el Día del Poder Judicial, el CARD también informó que interpuso una solicitud de revisión a la sentencia que suspende las elecciones del Colegio de Abogados.
El titular del Gremio asegura que «Los abogados queremos elecciones, consideramos un contrasentido que un Tribunal incompetente por demás, por influencias de sectores perversos, hayan suspendido nuestras elecciones».
Por esta razón el CARD anuncia una Jornada Nacional para que se permita la democracia en el CARD, que se les permita realizar elecciones, votar, respetando la Ley y la autodeterminación del gremio.
Sugiere Reformas del Sector Justicia
El CARD asimismo sugiere la aplicación de varias reformas del sector justicia además de la aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaria, con la asignación del 4.1% del presupuesto nacional para el sector, logrando que dichos ingresos se reflejen en la mejoría de los servicios, pero sobre todo de la calidad de vida de empleados del sistema, en especial de jueces y fiscales.
Entre las propuestas de reformas se encuentran aprobar la exención inmediata de impuesto sobre la renta en favor de Jueces y Fiscales. Implicaría un aumento inmediato en el salario de dichos servidores, sin necesidad de invertir un centavo.
También aprobar el financiamiento por parte del Banco de Reservas a una tasa preferencial del financiamiento hasta US$50,000.00, para el vehículo importado con el impuesto único que en la actualidad se otorga a los Jueces y Fiscales.
Lograr la inclusión de todos los servidores del Poder Judicial y del Ministerio Público en el Seguro Contributivo, más seguro complementario, con cargo total al Estado.
Entregar una póliza de vida de hasta RD$10,000,000.00, a favor de jueces y fiscales por la elevada peligrosidad de sus funciones. Asimismo aprobar un bono de educación para los servidores de la Justicia, que cubra educación primaria, intermedia y
Universitaria
El Colegio de Abogados también recomienda establecer en coordinación con el INVI y la DGII, un sistema que permita otorgarle preferencia a jueces, fiscales y servidores de la justicia, para la adquisición de una vivienda, creando un bono fiscal para el constructor, de forma tal que pueda formar parte del precio de la vivienda.
El gremio calificó como urgente aprobar por parte del Consejo del Poder Judicial, del Pleno de la Suprema Corte y del Consejo del Ministerio Publico, un nuevo reglamento de garantías laborales a favor de servidores judiciales, que prohiba de manera definitiva los traslados no consentidos y la estandarización de salarios, pensiones, igualando los beneficios y derechos de todos los servidores del sector, sin importar su jerarquía.
Otros puntos importantes que deben de estar dentro de la reforma son la aprobación de un aumento salarial para todos los servidores de la Justicia de un 30% y aprobar los recursos para la instalación de los 94 Tribunales aprobados por Ley, así como los 35 Tribunales Administrativos de Primera Instancia, tal y como establece la constitución.
También de aprobar los recursos necesarios para la contratación de nuevo personal auxiliar y abogados ayudantes, de forma tal que se aumente su número en más de 35%. Además aprobar las partidas para las becas internacionales de Jueces, Fiscales, y Servidores judiciales en áreas acordes a la materia de los Tribunales donde ejercen sus funciones.
Crear una Policía Investigativa Técnico Judicial bajo la dirección funcional y administrativa del Ministerio Publico, encargada de la investigación de los crímenes y delitos; Implementar medidas eficaces para mejorar el trato y eficacia otorgado a los profesionales del Derecho, garantizando un trato igualitario para los abogados, sin importar sin son pagados por el Estado o por entes privados.
El CARD asimismo recomienda el establecimiento de mecanismos inclusivos de diálogo y participación entre jueces, fiscales y el Colegio de Abogados, para detección de problemas y busqueda de soluciones para mejorar los niveles de eficiencia del Sector Justicia.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, recordó sin la asignación del 4.1% para el sector justicia, no puede, ni existe estado de Derecho, fundamental para el desarrollo del país.