Card critica violación a la independencia financiera de justicia

Card critica violación a la independencia financiera de justicia

Sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

En Día del Poder Judicial, el Colegio de Abogados deplora que este poder tenga que “mendigar” recursos al Ejecutivo y Congreso.

En el marco del Día del Poder Judicial, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) deploró que se cumplan 17 años de “violación a la independencia financiera de la justicia” y lamentó que este sector tenga que “mendigar” al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional los recursos que les toca por ley.

Una comisión de juristas, encabezada por Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, sobre Independencia y Autonomía Presupuestaria, establece que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público debe de ser de por lo menos 4.10% del presupuesto nacional, un 65% para el PJ y un 35% para la Procuraduría General de la República.

Los togados denunciaron que las limitaciones de recursos han imposibilitado mejorar las condiciones laborales y económicas de jueces, fiscales y otros servidores del sector, muchos de los cuales laboran “en condiciones deplorables, recibiendo salarios pírricos, pocos incentivos y sufriendo carencias de insumos y herramientas para perseguir el crimen”.

Dicen que esta situación mantiene “estancada” la contratación de 1,200 nuevos fiscales, la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto e igual cantidad de tribunales aprobados por leyes especiales.

Recurso en TC

Para cambiar esta situación, el gremio depositó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2022 por vulneración de derechos, de la supremacía constitucional, del estado social y democrático de derecho, y el principio de progresividad de la norma laboral.

Valoran que se cumpla sentencia

Asimismo, el gremio de los abogados valoró el inicio del acatamiento por parte del Consejo del Poder Judicial de la sentencia del Tribunal Constitucional 0286-21, que declara inconstitucionales las audiencias virtuales, dado que este órgano del PJ ha dispuesto la reapertura de las secretarías y el acceso a los expedientes.

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