El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios.

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha legislación establece un “aporte anual” por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la Constitución de la República en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.

Surun Hernández denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 pesos por cada sociedad comercial y ente del gobierno.

El gremialista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones de pesos para ser entregados a FIDEICOMISOS PRIVADOS constituido a favor de empresarios, según el jurista.

El gremialista indicó que al cabo de 5 años esos empresarios habrían recibido la escandalosa suma de 20 mil millones de pesos, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.

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Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos
esa es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.

Agregó que “Esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.

En ese sentido, el Presidente del gremio de los abogados llamó al Tribunal Constitucional a que actué cuanto antes, que primero suspenda de forma provisional la aplicación de dicha Ley y que luego la declare inconstitucional.

Advirtió que el Colegio de Abogados de RD se mantendrá vigilante ante aplicación de dicha Ley, alegando que la misma viola la Constitución atenta en contra de la municipalidad y del Interés colectivo de las población.