El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card), Miguel Surún Hernández, deploró las declaraciones del Consejo del Poder Judicial (CPJ) que, según dijo, no respondieron ni aclararon con pruebas las denuncias que ha sustentado sobre la supuesta corrupción e irregularidades a lo interno del sistema de justicia.

Surún Hernández expresó que los consejeros del Poder Judicial “acudieron a la mentira e infamia jugando con la inteligencia de los medios de comunicación y de la sociedad”.

El gremialista negó que exista una campaña de descrédito contra el alto órgano judicial, ya que “el descalabro y caos imperante en la Justicia no solo ha sido confirmado por los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino que por once magistrados entre ellos uno del Tribunal Constitucional, y la propia sentencia de amparo del Tribunal Superior Administrativo”.

Insistió en que el Consejo no respeta la ley de carrera judicial ni la independencia de ese poder del Estado y citó como prueba la creación de doce “jueces coordinadores”, cargo que no existe en el escalafón judicial y usurpa las funciones de más de 30 presidentes de cortes de apelación.

Despojados de funciones. Surún reiteró que a los jueces se les ha despojado de sus funciones para iniciar con la eliminación de la especialidad jurisdiccional, obligando a jueces de distintas materias a conocer todos los procesos.

También criticó la creación del Gabinete Técnico del Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con un gerente por cada sala de ese tribunal para “mejorar los fallos”, pero que tiene poder para distribuir los procesos judiciales.

El Card aseveró que lo revelado este fin de semana por el Consejo del Poder Judicial confirma su denuncia de que la compañía Viafirma (Avansis, SRL) fue contratada grado a grado, pues, de acuerdo a su argumento, el órgano judicial mencionó la existencia de una supuesta “licitación internacional” para elegir a la empresa, entidad que, conforme al acta de adjudicación del 23 de abril del 2020, fue elegida por ser proveedor único.

Manejo de fondos. El Card calificó de “indignante” lo relativo al tema del Fondo de Pensiones, donde “se intenta justificar la transferencia irregular, sin licitación, de más de mil millones de pesos de los servidores judiciales, en franca violación al reglamento aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia”.

Surún mostró preocupación por que el CPJ no explicó la función del Consejo Directivo de la Jurisdicción Inmobiliaria, creado mediante la modificación del reglamento interno, que alegadamente otorga a Luis Henry Molina, presidente de la SCJ, el control total del manejo de los fondos de esta jurisdicción, que ascienden a RD$2,700 millones al año.