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Card impugna ante TSA modificación a escalafón judicial. Miguel Surun Hernandez habla. Hoy/Fuente Externa 02/03/21
Alega reglamento permite traslados arbitrarios en PJ
La modificación al reglamento del escalafón judicial aprobada hace una semana por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) ya enfrenta una impugnación ante un órgano jurisdiccional con la solicitud de medida cautelar y el recurso contencioso administrativo que interpuso ayer el Colegio de Abogado (Card) en el Tribunal Superior Administrativo.
El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, explicó que con este pedimento de medida cautelar pretende suspender la aplicación parcial de ese nuevo reglamento bajo el alegato de que este le permitiría al CPJ “trasladar de manera arbitraria a los jueces, lo que vulnera el principio de inamovilidad de los jueces y contravenir el derecho natural de la ciudadanía a un juez natural”.
Mientras que con el recurso contencioso administrativo busca que el tribunal declare nula la Resolución 001-2021, mediante la cual el CPJ aprobó la modificación al reglamento del escalafón, por alegadamente ser violatoria a la Constitución y a la Ley 327-98, que instituye la carrera judicial.
El gremialista advirtió que a partir de la entrada en vigencia de ese reglamento, cualquier juez que “dicte una decisión contraria a los intereses del CPJ podrá ser trasladado sin ningún tipo de explicación”.
Surún Hernández recordó que la Carta Magna establece “los jueces son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”.
Agregó que la ley de carrera judicial prohíbe de manera expresa los trasladados forzosos de jueces al instituir que “los trasladados y ascensos deben contar con la anuencia previa de los beneficiarios”.
Siempre en desacuerdo. El presidente del Card siempre se ha mostrado en desacuerdo con algunos de los cambios que introduce en el escalafón judicial esa decisión del CPJ, para la cual se convocaron a consultas públicas a jueces y personalidades de la sociedad civil, empresarial, académica y jurídica del país.