El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sometió un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 155-17, de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por entender que viola preceptos constitucionales como el secreto profesional.
Miguel Surún, presidente del gremio, indicó que el literal E del artículo 33 de la referida ley constituye un chantaje, secuestro y amenaza contra los profesionales del derecho.
La ley en su artículo 33, establece a los abogados y a los notarios como sujetos obligados no financieros y según el CARD, los hace pasibles de sanciones penales por hechos que cometan sus clientes.
Esto, dice, viola el principio de personalidad de la persecución penal, que establece la Constitución en su artículo 40, numeral 14, de que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro y ve insostenible que al abogado le persigan por su deber de mantener la confidencialidad
Según el abogado Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, quien estuvo en el depósito del recurso, la ley desborda la capacidad de esos profesionales frente a la labor que tiene que realizar, al poner una carga insostenible.