El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, acusó ayer a la Defensoría Pública (DP) de desvirtuar su función y denunció que algunos de sus miembros van a las cárceles y a los recintos policiales a quitarles clientes a abogados que ejercen de manera privada, e incluso cobran por sus servicios.

Anunció el sometimiento de la oficina de la DP así como de su directora, Laura Hernández, por presunta violación a la Ley 277-04; a la Constitución y al Código de Etica del Abogado.

También llamó a los miembros del gremio a solicitar a los jueces bajar de estrado a todo defensor público o quien sea, que suba con indumentaria verde, con lo que violan el artículo 11 de la Ley 821.

Dijo que es muy grave el hecho de que se establezcan distintivos “para que se obtengan sentencias favorables”, de personas que tienen todo el dinero del mundo y que en este momento están siendo defendidos de manera más eficientes “que los infelices” a quienes la ley manda a defender.

Casos escandalosos. Surún Hernández resaltó que a nivel nacional, la Defensoría Pública está captando el 90% de los casos de personas que pueden pagar.

“De 20,000 casos que han sido manejados a nivel nacional, la mayoría están siendo asignados a la Defensoría Pública, en perjuicio de los abogados privados y de los dineros del pueblo. Narcos, sicópatas y otros, están siendo defendidos por defensores públicos”, subrayó.

Privilegios. Surún resaltó además, que los defensores públicos tienen acceso a lugares privilegiados en los tribunales; que en la provincia de Santo Domingo se les permite sacar copias a los expedientes y se les dan otras facilidades que no tienen los abogados privados.

Función de la DP. Recordó que según la ley, la DP está para defender solo a los imputados que demuestren que no pueden pagar un abogado privado, y también aquellos casos donde haya abandono del imputado.

Agregó que la misma ley dispone que cuando haya abandono se debe asignar un defensor adscrito, en coordinación directa con el Colegio de Abogados.

“Porque de lo que se trata es del respeto a la libre empresa y al derecho fundamental del trabajo de 57,000 abogados que en este momento, tanto en la capital y en las provincias, están padeciendo graves precariedades económicas gracias a ese ejercicio desleal, ilegal e inconstitucional de la Defensoría Publica”, dijo Surún Hernández.
Presentarán casos graves. El presidente del CARD informó que ese gremio está haciendo un levantamiento que presentarán a las autoridades, “con casos comprobados de situaciones de irregularidades”.

“Tenemos denuncia de ejercicio ilegal de esos defensores públicos que no solamente están defendiendo a gente que tiene dinero, sino que además tenemos denuncias de que en algunos casos han cobrado dinero”, puntualizó diciendo Surún Hernández.