El presidente de la Cámara de Diputados propone un sistema unicameral (sólo de diputados) y una reducción del número de esos representantes rescato lo que llevo dicho desde el siglo pasado. Reducir el número de provincias y regularlas conforme a la naturaleza de la región: topografía, orografía, sueldos, etc. Reducir el número de diputados y el de senadores.

Reducir el número de regidores.

Crear diputaciones provinciales.

Mi propuesta es que se organice el país de modo que haya un Diputado por cada uno por ciento de la población, lo cual se determina conforme a los datos del último censo de población y familia. Así se reduciría a 100 el número de legisladores de la Cámara Baja. No habría  el desequilibrio actual que las provincias fronterizas, de escasa población, son “ayudadas” por el pie de amigo de la Constitución que establece un diputado por cada 50 mil personas o fracción de más de 25 mil, sin que en ningún caso sea menos de dos, frente a provincias como Santiago, Duarte, La Romana, etc.

¿Qué hay que organizar el país para determinar la geografía electoral? Sí. Por algún lado hay que comenzar. Que se elija un Senador por cada cinco por ciento de la población, para lo cual sólo hay que sumar el área humana que elige a cinco Diputados; de ese modo sólo habría 20 Senadores. Dado que también hay exceso de regidores, que se elija un regidor por cada 10 por ciento de la población, lo que fijaría el número de ediles en 10 por municipio. En vista de que en la provincia no hay un funcionario con autoridad para coordinar, administrar y manejar los asuntos intermunicipales, crear una Diputación Provincial que estaría integrada por un diputado por cada 10 por ciento de la población.

Esta propuesta, por supuesto, no sólo tiende a reorganizar la geografía electoral sino que permitiría reconocer buena parte de los líderes reales de provincias, quienes serían escogidos más por méritos propios que por méritos partidarios. Una reforma de ese género debe llevar aparejada una reforma fiscal que permita a los municipios y a las provincias cobrar los tributos que necesita para mantenimiento, ornato, limpieza, cuidado, reparación y construcción de carreteras y caminos, administración de la educación, la salud, policía, artes, cultura, deportes, fomento y seguimiento a la producción y todo lo que implica el manejo de la producción agropecuaria, higiene, mercadeo, industrialización.

Esa reforma legislativa, municipal y provincial tendría  pocos resultados si el Presidente de la República sigue siendo Ley, Batuta y Constitución, en un país donde el rostro de la democracia ha devenido en una careta de diablo cojuelo.