Ilustración hecha por: @YosoyJarul, texto por Julio Vargas.

El Ministerio Público ha sido blanco de criticas por su accionar desde hace muchos años, en ocasiones, porque ha presentado un comportamiento genuflexo ante los implicados de cuello blanco en grandes casos de corrupción y en otras por mostrarse abusivo, intolerante e intransigente frente a otros acusados (en otros tipos de casos principalmente) sobre los que abogados y entendidos en la materia parecen estar de acuerdo en que se tomó una medida demasiado dura.

A pesar de que hay un principio legal que dice «Dura lex, sed lex», que su traducción al español puede interpretarse como «La ley es dura, pero es la ley», el Ministerio Público tiene que tener cuidado con el mensaje que pueden enviar sus acciones a la sociedad en general, amén de que los mismos principios jurídicos, legales y normas establecidas en el sistema sean los que obliguen a los jueces a decidir de la manera en que lo hacen.

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El comportamiento del Ministerio Público

Es importante que los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Yenni Berenice, así como, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, todos representantes del Ministerio Público, «Pisen fino» a cada paso que dan, principalmente en los casos de alto perfil como Medusa, Coral y Antipulpo -por nombrar algunos-, al tiempo que sometan los expedientes al estudio de la justicia deben dejar de lado los dimes y diretes con jueces y organizaciones gremiales de este sector que pecan de fútiles, superfluos e infértiles, y sobre todo tampoco darle razones para que los ataquen.

Esto con el fin de que la opinión colectiva no se vuelva contra ellos y los tilden de «Perseguidores», «Abusadores», entre otros calificativos con los que los abogados de los implicados en los grandes casos de corrupción ya los han señalado.

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Lamentablemente, la sociedad en general no entiende de tecnicismos jurídicos, por lo que no saben cuánto tiempo puede durar una persona guardando prisión preventiva como medida de coerción y al abusar de esta medida cualquier otra más leve, aunque esté en el marco de la legalidad o no, puede verse como una recompensa o favor del Ministerio Público hacia los acusados, esto por el mismo comportamiento inicial temerario y bocón con el que se manejaron sus representantes al iniciar los sometimientos, y que pasados todos estos meses, por las razones que sean, no han podido pasar a las siguientes etapas de estos procesos.

Es simple, a pesar de los desaciertos y tropiezos «O todos toros o todos vacas», no pueden haber condenados favoritos y a todos se les deben reconocer sus derechos en igual medida, y es el Ministerio Público que tiene que procurar que se les garanticen para que mañana los casos no se caigan en los tribunales por un mal proceder o una mala instrumentación de los expedientes.