El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá hoy ante la justicia de Alemania para una vista preliminar que decidirá si sigue detenido en el inicio de un proceso de extradición a España que podría demorarse semanas.

La vista a puerta cerrada tendrá lugar un día después de una jornada de movilizaciones y disturbios en la región del noreste de España tras la detención de Puigdemont, en base a una orden europea, tras entrar a Alemania procedente de Dinamarca. Decenas de miles de personas protestaron el domingo por la tarde en Barcelona y otras localidades catalanas, y algunos manifestantes se enfrentaron con la policía antimotines.

El Tribunal Supremo español acusó a Puigdemont, de 55 años, de rebelión y de malversación de fondos públicos para organizar un ilegalizado referéndum sobre la independencia de Cataluña.

La fiscalía del estado de Schleswig-Holstein, en el norte del país, no dijo dónde se celebrará la comparecencia judicial del lunes y no había indicios de cuándo podría llevarse a cabo. La vista permitirá a la corte reconocer formalmente la identidad de Puigdemont y determinar si seguirá detenido de forma preliminar, explicó la portavoz de la fiscalía, Wiebke Hoffelner.

Un tribunal estatal de Schleswig dictaminará más tarde si arresta formalmente a Puigdemont antes de su extradición en base a la documentación presentada por España. Funcionarios del gobierno alemán hicieron hincapié en que el caso depende de las autoridades judiciales, pero declinaron aclarar si el gobierno podría anular el fallo judicial.

Las leyes europeas contemplan un plazo de 60 días, a contar desde la detención del sospechoso, para decidir sobre la extradición, aunque es posible una prórroga de 30 días más, dijo la portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krueger.

Puigdemont fue trasladado el domingo a un penal en la localidad de Neumuenster, dijo la agencia de noticias alemana dpa.

España está inmersa en su peor crisis política en décadas desde que el gobierno catalán encabezado por Puigdemont ignoró la prohibición de un juez y celebró un referéndum sobre la independencia de la región nororiental el pasado octubre.

La posterior declaración de independencia del Parlamento de Cataluña no obtuvo reconocimiento internacional alguno y provocó que el gobierno centra en Madrid asumiese las competencias del ejecutivo regional.