LA PAZ (AP).- El presidente Carlos Mesa vive lo que parece ser la etapa más complicada de su gobierno, ante la carencia de una bancada propia en el Congreso, las presiones internas y externas por una ley de hidrocarburos y su caída en las encuestas.

Mesa debió el miércoles anunciar que retiraba la expresión de «provincianas»» que endilgó a las elites del departamento de Santa Cruz, el más próspero de Bolivia, que ha decidido, con el de Tarija, realizar un paro el 11 de este mes contra las declaraciones del mandatario y en demanda de la instauración de autonomías.

   En Tarija se encuentran el 87% de las vastas reservas de gas de Bolivia.

   La reacción de Santa Cruz a esas palabras vertidas por Mesa la semana antepasada en una entrevista televisada fue airada y en una asamblea de organizaciones empresariales y cívicas celebrada hace 9 días, hubo quienes instaron a derrocar al presidente.

   Mesa ascendió al gobierno, como vicepresidente, ante la renuncia forzada de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, al cabo de una revuelta popular contra un proyecto privado de exportación de gas a Estados Unidos y México que dejó al menos 56 muertos.

   Hasta hace un mes, gobernó, pese a ser independiente, con el acompañamiento del partido del cocalero Evo Morales Movimiento al Socialismo (MAS), y a mayor distancia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

   Pero a raíz del tratamiento de un proyecto de nueva ley de hidrocarburos, en el que el MAS promueve una legislación que el propio Mesa ha considerado «confiscatoria»», el Ejecutivo y el partido cocalero han tomado distancias que parecen difíciles de acercar.

   Mesa propone la recuperación para el estado de los derechos de comercialización en boca de pozo de los hidrocarburos, además de la aplicación de un impuesto progresivo de hasta el 32% complementario a las regalías del 18% que establece la ley actual, de 1996.

   También propone la renegociación consensuada de los 78 contratos firmados por el estado con transnacionales petroleras, entre ella Petrobras de Brasil, Repsol YPF de España, British Petroleum de Gran Bretaña y Total de Francia.

   Pero el MAS exige que se apliquen de inmediato regalías del 50%, lo que daría pie al inicio de causas contra Bolivia en tribunales arbitrales por parte de las petroleras.

   El MAS también reclama la imposición de nuevos contratos con las empresas y sostiene que si no los aceptan podría darse paso a la confiscación de sus bienes.

   Las regiones de Santa Cruz y Tarija, al sureste de Bolivia, no están de acuerdo con ninguno de los dos proyectos y ahora exigen, señalando que están cansadas del centralismo de La Paz, la convocatoria a un referéndum en diciembre para la instauración de autonomías en esas regiones.

   El presidente del Comité Cívico pro Intereses de Santa Cruz, Rubén Costas, y el de Tarija, Roberto Ruiz, exigen que el 5 de diciembre, cuando deben celebrarse elecciones municipales, se convoque a un referéndum, y señalan que en caso contrario establecerán autonomías de facto.

   La demanda choca con una ley que establece que no se puede convocar a referendos seis meses antes o después de unas elecciones.

   Mesa ha indicado que está de acuerdo con las autonomías, pero que estas deben ser tratadas en una asamblea constituyente, que presumiblemente convocará para el segundo semestre de 2005.

   El analista Jorge Lazarte ha señalado que las autonomías no resolverán los problemas nacionales, particularmente de pobreza. «Tenemos autonomía universitaria y municipal, y ellas no han solucionado nada»», dijo.

   En La Paz, crecen la sospechas de que la búsqueda de Santa Cruz y Tarija posiblemente apunte a la búsqueda de la separación del país a mediano plazo.

   Mario Espinoza, director del canal televisivo PAT, del que es socio Mesa, dijo, refiriéndose a los llamados a las autonomías de facto, que «a esos loquitos hay que agarrarlos a patadas y llevarlos a Chonchocoro»», la cárcel de máxima seguridad de La Paz.

   Por otra parte, la popularidad de Mesa ha caído en las encuestas sin pausa, desde el 82% con que contaba en noviembre del año pasado. Diversas encuestas indican que ahora el apoyo al presidente se encuentra en alrededor del 50%.

   Informes de prensa sostienen que Mesa también enfrenta la presión de las empresas petroleras, y que recibió advertencias de enviados de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil que, supuestamente, rechazan tanto el proyecto de hidrocarburos del MAS como el del presidente.

   Voceros del gobierno señalaron que si se aprueba la ley del MAS e incluso la de Mesa, Bolivia dejará de recibir ayuda externa.

   Pese al pedido de algunos dirigentes políticos de que el tratamiento del proyecto se deje para después de las elecciones municipales, ante su posible electoralización, el miércoles la mayoría de los partidos en el Congreso decidieron proseguir su análisis en la línea de la propuesta por el MAS.