VÍCTOR MELITÓN RODRÍGUEZ R.
Otra vez nos hallamos ante la situación de ver sustituir empleados públicos idóneos con miembros del partido triunfante en elecciones nacionales o con familiares y amigos de los nuevos titulares de organismos del Estado, sin causas que lo justifiquen.

Hemos soñado, una y otra vez, con la posibilidad de seleccionar, retener y promover por méritos de capacidad y dedicación, a todos los servidores públicos que se hayan ganado el derecho de ocupar cargos pertenecientes a la llamada Carrera Administrativa General y aún a las denominadas Carreras Especiales dentro del Poder Ejecutivo, como son las de Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Pecuaria y Foresta, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas y otras; y más allá del ámbito del Ejecutivo, pertenecientes a carreras de otros Poderes del Estado -como son los propiamente del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los Municipios, de la Universidad del Estado y de otras corporaciones públicas autónomas. Sueños y anhelos siempre frustrados.

Pero estamos convencidos de que ello se debe, de modo principal, al hecho de que no hemos podido superar realidades tan lacerantes como el agudo desempleo y el grave subempleo, con la triste secuela de la desnutrición de extendidas capas sociales, hallándonos actualmente en el cuarto lugar de los países peor nutridos de América Latina, conforme se ha publicado recientemente en nuestra prensa diaria, sólo superados por Haití, según se afirma; sin que nadie lo haya desmentido, hasta donde tenemos conocimiento. Y tampoco hemos podido erradicar prácticas tan notorias y nocivas como las de facilitar empleos públicos a familiares, amigos, compañeros de partido y recomendados…, a veces sin necesitarlos perentoriamente, pasando por encima a los requisitos de formación académica, experiencia de trabajo y desarrollo de destrezas y habilidades, que son indispensables para asegurar el buen desempeño de las plazas de trabajo gubernamentales.

El ciudadano Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, ha solicitado al país, más de una vez, que tenga a bien formular las críticas y sugerencias que se consideren pertinentes y apropiadas para enfrentar con éxito esos y otros males endémicos que abruman a nuestra sociedad nacional.

Y conforme a nuestra prensa diaria también ha propuesto en los últimos días –respondiendo a funcionarios de las Naciones Unidas–, «la firma de un pacto político entre el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los Ayuntamientos, a fin de evitar que el Estado pierda el talento, la experiencia y capacidad de sus servidores públicos cada vez que se produce un cambio de Gobierno», luego de haber definido como «un caos y un desorden mayúsculo lo que ocurre después de cada ciclo electoral, por la apreciación generalizada de que los que estaban tienen que irse, porque hay que abrir oportunidades de empleo a los que acaban de llegar». (Diario Libre, 28/4/2005, pág. 8).

Entiendo muy atinadas dichas declaraciones y por ello tomo la libre iniciativa de elaborar y publicar una serie de artículos sobre este campo de la Administración de Personal Público, que tanto me ha fascinado y obsesionado, principalmente desde el año 1961 cuando desapareció la tiranía en nuestro país, y al enrolarme entonces en las entidades denominadas Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que luego devino en Federación Nacional de Empleados Públicos y de Instituciones Autónomas (FENEPIA), desarticulada esta última al enfrentarse con el Consejo de Estado gobernante a principios de 1962.

Son varios los deslindes que hay que hacer con el propósito de dar tratamiento adecuado a los muchos componentes del sistema integral de Servicio Civil y Carrera Administrativa que nos hemos dado en la República Dominicana; sistema que ha seguido de modo principal al de Estados Unidos de América -vía Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos-, en razón de la sencillez de mismo, su apertura a la libre competición de los aspirantes a empleo, y la positiva experiencia de su manejo claramente favorable al respeto de los derechos de los ciudadanos, una vez que son incluidos en las nóminas de personal permanente; pero entendido también que ese respeto tienen que validarlo en la práctica las propias autoridades gubernamentales de turno, pues de lo contrario nunca valdrán las normas, por mejor escritas que hayan sido.

Para beneficio de las altas instancias políticas y del lector en general, abordaré esos deslindes y precisiones en próximas entregas, sobre temas como los siguientes:

• Niveles orgánicos y jerárquicos de la Administración del Estado (entendida como Poder Ejecutivo);

• Inclusión y exclusión de cargos, respecto del ámbito de aplicación de la Ley en dicho Poder;

• Carrera Administrativa General (carlos comunes) y Carreras Administrativas Especiales (cargos típicos o propios de determinados sectores);

• Dirección y Administración del sistema; órganos responsables;

• Clasificación y valoración de cargos;

• Retribución de los servidores públicos, incluidos incentivos;

• Categorías de servidores del Poder Ejecutivo: De libre nombramiento, de carrera, temporeros y honoríficos;

• Prohibición de vincular empleados nominales;

• Requisitos generales de ingreso al Servicio Civil, y requisitos específicos de ingreso a Carrera Administrativa;

• Etapas de la situación de Carrera, período de prueba, estabilidad, promoción, movimientos y beneficios;

• Formas de separación de la Carrera, y reingreso a ésta;

• Incorporación gradual de empleados actuales a carrera, por etapas, según Ley 14-91 y su Reglamento 81-94.

Entre otros puntos importantes.