POR DOMINGO ABRÉU COLLADO
Podría faltar poco para el caos total
Aunque no se puede decir que «no hay nada escrito» en la naturaleza, a cada momento las predicciones se quedan cortas en relación con los efectos. Así mismo, todo lo escrito en materia social tiende a ser barrido por la realidad. Porque, ¿quién iba a decir que Santo Domingo, antes tan segura y tranquila, se iba a convertir en un sitio tan inseguro? Hasta se va a construir otra isla para que los nuevos inversionistas y algunos de los ya establecidos puedan instalarse en ella sin temor a los asaltos, robos en casas de familia, atracos, secuestros, asesinatos, balas perdidas, robos en comercios, ajustes de cuentas, violaciones heterosexuales, violaciones homosexuales, «ajorcamientos», robos en oficinas, acuchilladas, robo de vehículos livianos, robo de patanas cargadas, luchas entre bandas, robos con fractura del interior de vehículos, infanticidios, matricidios y parricidios.

Y con toda seguridad, en dicha isla, habrá la mayor seguridad, con selectos equipos de seguridad, para la completa seguridad… de sus habitantes. Y como lo que se busca es seguridad, yo propondría que a la nueva porción de la República Dominicana se le bautizase como «Isla de la Seguridad».

Actualmente, nadie tiene los verdaderos datos para establecer a qué niveles están los índices de criminalidad, ni en el país ni en su capital. Probablemente, en los pueblos pequeños, donde se conoce todo el mundo, sí sea posible tener esa información. Pero lo que es en Santo Domingo, cualquier estimación se quedará corta, inútil, atrapada en la maraña de delitos que ocurren a diario en esta ciudad, la enorme mayor parte de ellos silenciados a causa de la imposibilidad de los afectados de hacerse oír.

Se pudiera tener una idea aproximada de la situación si pasamos balance de cuántas personas cerca nuestro resultan afectadas en determinado espacio de tiempo. Por ejemplo -tomándome a mí mismo como caso de estudio- en una semana mi hija y yo fuimos asaltados, amenazados de muerte con un revólver y despojados de sendos teléfonos celulares; a una compañera de estudios de mi hija le fue robado su automóvil en la Universidad Intec; la oficina del arquitecto Marcos Barinas, compañero de trabajo, fue escalada una noche y robada de dos computadoras Macintosh de último modelo, dos impresoras y una PC; el periodista Manasés Sepúlveda, compañero de trabajo en este periódico, fue atacado a palos, herido y despojado de su teléfono celular y dinero; una señora conocida cercana fue herida gravemente de bala y despojada de su cartera. TODO EN UNA SEMANA

Ninguno de esos hechos fue conocido públicamente. La cuestión es que si los hechos no se conocen, no se saben, entonces -para la lógica humana- no han sucedido. Y como no han sucedido todo está normal o, como dice la Policía, «son casos aislados».

La responsabilidad de la protección

La ciudadanía, la gente que compone la nación, está supuesta a vivir protegida contra el desempleo, las enfermedades, el hambre, la sed, la desinformación, la incultura y las agresiones.

El Estado Dominicano está en la obligación de brindar esa protección. Para ese propósito se vale de los organismos oficiales de seguridad y protección. Los gobiernos son responsables de que esos organismos funcionen y sean cada día más efectivos en LA PREVENCION de las violaciones a la protección de la ciudadanía. Todo esto está escrito y los gobernantes juran trabajar por ello en cada colocación de banda presidencial cada cuatro años. Lo juran también los jefes de policía y los jefes de organismos castrenses cuando les dan el empleo. Pero en los hechos, tanto los gobernantes como los indicados jefes logran protección solamente para sí, para altos funcionarios y para una parte de sus familiares y amigos, además de algunas personalidades colocadas en los peldaños más altos de la escalera social dominicana.

El resto de la ciudadanía, es decir unos nueve millones de dominicanos, andan con miedo por calles y carreteras, temen a cada hora por sus hijos, consortes, padres y hermanos, asisten horrorizados al crecimiento de la delincuencia, tienen la certeza de que van a ser asaltados o muertos porque ya nadie está a salvo, no tienen cómo hacerse oír, y están totalmente seguros de que ni siquiera vale la pena hacerse oír porque ninguna autoridad les va a hacer caso.

En pocas palabras: el sentimiento de desprotección es tan grande que se ha llegado al colmo de la resignación, algo así como «¡que Dios se apiade de nosotros!».

¿Qué alimentó tan eficazmente a la delincuencia?

El crecimiento y «engorde» de la delincuencia responde a varias causas. Enumeremos algunas.

1. La desigualdad social y económica. Esa situación, agravada con la exhibición de poder y la capacidad de adquisición de bienes que tienen los ricos y gente medianamente acomodada, estimula una competencia entre sectores sociales cuyos reflejos llegan hasta las capas más bajas de la sociedad. Estas capas bajas, estimuladas a su vez por la publicidad, la que les ha vendido la idea de que la felicidad es tener una tarjeta de crédito, un celular, un vehículo y ropa, deciden igualarse a como dé lugar con ese «nivel de felicidad». Ahí nace y crece una escuela (incluidas las cárceles) que enseña a delinquir desde el nivel más bajo y con los medios que pueda.

2. La incapacidad y la complicidad estatal. Los estamentos oficiales (seguridad, policías y militares) no son suficientes para establecer el orden. Pero además, siendo parte de la ciudadanía sofocada por la publicidad, son empujadas también a delinquir para buscar «estatus». Así, la oficialidad «se la busca» con la clase alta (contrabando, drogas en gran escala, etc.) y los mandos bajos «se la buscan» con las clases inferiores (droga menor, chantaje, atracos, alquiler de armas, etc.). Su escuela, los propios cuarteles.

3. La corrupción del funcionariado. Los funcionarios gubernamentales «trabajan» en los partidos políticos para acceder a los puestos públicos y desde ahí organizar su propio tinglado de enriquecimiento. El ejemplo de organización casi perfecta para ello es el Congreso Nacional. El funcionariado de las demás dependencias heredan tinglados ya montados por los funcionarios anteriores. Algunos le añaden más perfección, pero otros quieren operar tan rápido que muchas veces echan a perder «el negocio» y tienden a caer presos. La escuela de esta delincuencia son los partidos políticos.

«Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

No, no, no hay chapulines colorados en la República Dominicana. El único que había se murió y la corrupción llegaba hasta las puertas de su despacho, según propia confesión. Es decir, que él sabía que el país se iba corrompiendo de costa a costa y del Pico Duarte al Lago Enriquillo con sus funcionarios a la cabeza.

En Nueva York, a finales de los 60s, el delito por ratería menor en las calles llegó a extremos incalificables. Un grupo de jóvenes de colegios y universidades decidió organizarse como los «City Angels» (Angeles de la Ciudad), una organización voluntaria que desarrolló vigilancia y combate al delito en los parques, trenes, calles, escuelas, universidades y donde quiera que pudieran. Eran parte de la población, parte de los agredidos, pero decidieron ser parte importante de la erradicación del problema. Luego, la policía de Nueva York fue saneada, adiestrada, educada, alimentada, equipada y dotada de ética para asumir el problema. Por lo menos con el delito de las calles funcionó bien. Aquí pudiéramos hacer lo mismo como población. Luego veríamos qué hacemos con la policía.

Un ejemplo del ciclo ratero que hay que desmontar: un ladrón de celulares actúa (puede incluso apuñalar o disparar) y vende el teléfono a uno de los cientos de negocios de celulares que existen. Este negocio desactiva el aparato, lo reactiva y lo vende de nuevo. O sea, los negocios de venta de celulares son tan ladrones y estimuladores de este delito como el propio ladrón y posible asesino. Una pregunta: ¿porqué no se prohibe el negocio de celulares reactivados?

Por otro lado. Yo creo que es posible armar una organización como los Angeles de la Ciudad en Santo Domingo, respaldado por otras organizaciones civiles. Los Angeles de la Ciudad -usando el tiempo libre de cientos de jóvenes y adultos- pueden establecer vigilancia preventiva e incluso actuar físicamente para impedir asaltos, perseguir, denunciar, y en la medida de las posibilidades, apresar y someter delincuentes menores.