Apreciado Dr. Castaños Guzmán: Las declaraciones aparecidas el pasado 9 de enero, que la compra de votos es deleznable, señalando que esa práctica existe desde la muerte de Trujillo; lo único que puede hacerse es “establecer un centro de llamadas para denunciar esas compras”, a pesar de tener todo el control de la fuerza pública el día de las elecciones, es decir, “lavarse las manos como Pilatos”.
Para colmo de incongruencias, según Usted, decir que “esas primarias no están legitimadas porque la compra de votos era una extravagancia, porque eso siempre ha ocurrido”. Pero el reporte de los observadores nacionales e internacionales que establecieron que en más del 30% de los centros de votación era patente, la compra de votos y cédulas permitió que esos resultados en el PLD lo decidieran el sector con más recursos para comprarlos. Si el 6 de octubre el PRM no se vio afectado porque uso con un padrón cerrado, no será elcaso en las elecciones de febrero y mayo próximos.
Hay más, en esas elecciones se podrán comprar también delegados de otros partidos para hacer de las suyas, donde el PLD tiene mayor control social y hay más miseria, en las zonas rurales y fronterizas. También sé de un municipio cuyos presidentes de colegios electorales fueron “gratificados” espléndidamente para que beneficiaran un precandidato. Todo eso a la vista de la policía militar electoral, que debía evitar y reprimir esos delitos electorales, ya que la JCE está de proteger la limpieza del voto.
Al parecer, la JCE no ha examinado bien los literales 13, 14 y 22 del art.18, ni el literal 6 de artículo 20 de la ley 15-19 sobre el Régimen Electoral, que faculta a ese organismo y a su Presidente, para tomar para cada elección cuantas medidas sean necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, incluso cambiar plazos y fechas de esos comicios.
También el Tribunal Superior Electoral y una Procuraduría Adjunta debe estar compuesta por fiscales seleccionados por su moralidad e imparcialidad, y deben actuar para preservar la paz social de la nación en esta coyuntura en que se impone un proceso diáfano.
No se puede suponer que desmanes como los que se presenciaron el 6 de octubre pueden quedar en simples querellas para someter a los infractores asociados al fraude, por hechos cumplidos, sino apresar y anular sobre los hechos esos crímenes contra la democracia.
La palabra “deleznable”, utilizada por el Presidente de la JCE, que en el lenguaje coloquial puede parecer muy fuerte, es totalmente inocua en la práctica, ya que procede del latín “delebilis”, es decir, que se rompe fácilmente como la arcilla, y sin consistencia.
El papel de la JCE frente a la posible compra –venta de votos, cédulas, delegados y directivos de colegios no puede ser otro que depurar las filas de la policía militar electoral, hacer detener y someter “ipso facto”a los que quieren convertir las elecciones venideras en otro mercado persa. Ese debe ser el papel también de los fiscales y jueces electorales. Los partidos y toda la ciudadanía deben aprestarse a exigir el respeto a la soberanía popular con todos los recursos a su alcance, para garantizarle un futuro democrático a nuestra patria…
Cordialmente.
Dr. Tirso Mejía-Ricart