Hoy 
SERGIO SARITA VALDEZ
Recientemente hubimos de recibir una gentil carta de invitación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en la persona de su presidente licenciado Abel Martínez Duran, la cual estudia el proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF). En su párrafo final decía la misiva: «Dicha invitación es con el objetivo de escuchar con más amplitud su opinión con respecto al mismo y elaborar el informe que rendiremos al Pleno del hemiciclo de manera consensuada».
En documento que leímos y entregamos a dicha Comisión de Justicia expresábamos que el proyecto original para la creación de un Instituto de Ciencias Forenses se había redactado en Santiago en 1998 e introducido a la Cámara de Diputados en noviembre de 2002. El proyecto de ley contenía un artículo referente a las atribuciones del director general que rezaba así:» Aceptar y recibir cualesquiera donaciones o cualquier otra tipo de ayuda en dinero, bienes o servicios que provengan de personas o instituciones particulares».
En el proyecto actual sometido por Francisco Domínguez Brito, senador por la provincia de Santiago, encontramos entre las obligaciones del Consejo Directivo de la nueva entidad, la siguiente:»Aprobar la solicitud del Director del Instituto en relación con el anteproyecto de gastos anuales del Instituto, así como cualquier solicitud adicional de los fondos que surjan del Instituto. En nuestra carta al diputado Martínez Durán le comentábamos al respecto: Esto nos recuerda la anécdota del camionero que durante la era de Trujillo puso el siguiente letrero en la parte frontal de su vehículo: El Espíritu del Diablo. Las autoridades de la época le obligaron a cambiar dicha frase. El astuto chofer la sustituyó por esta otra: ¡El mismo espíritu!.
Nuestra comunicación a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados seguía expresando: Señores diputados: el pueblo mayoritariamente humilde y pobre que con su voto decidió otorgarles a ustedes el derecho a representarle, espera de vosotros que legisléis en su beneficio. La sociedad dominicana ansía la profundización de un verdadero proceso democrático y participativo en el que cada ciudadano, sin distinción de género, credo religioso o político, ni abolengo social o financiero, sea colocado en condiciones de igualdad al momento que le toque acudir a los tribunales de la República. ¿Puede ello asegurarse, cuando bajo el ya operante Instituto de Ciencias Forenses, que por reglamentación interna adoptó la Procuraduría General de República se le cobre un mil doscientos dólares más un mil doscientos pesos por simplemente identificarle el cadáver de su hijo a una atormentada y acongojada madre? ¿Cuánto se cobraría en el futuro cuando se trate de una autopsia completa?
El proyecto de ley que tenéis en vuestras manos otorga al Director General del INACIF el siguiente atributo contenido en el artículo 12 de la sección II: Delegar o contratar en algunas personas naturales o jurídicas la realización de algunas actividades periciales y controlar su ejecución. Recientemente el Procurador General de la República, sin hacer llamado a licitación o concurso público, contrató los servicios de un laboratorio privado para realizar la prueba de paternidad basada en estudios de ADN con un descuento del veinte por ciento, teniendo la persona que pagar el restante ochenta por ciento, lo cual asciende a miles de pesos. Esto es algo sencillamente prohibitivo para las familias pobres de nuestro país.
Más adelante seguíamos:» Lo lamentable del caso es que las personas no tienen otra alternativa. Están obligadas a carabina como reza el dicho popular. Veamos lo que dice el párrafo contenido al final del capítulo uno del proyecto de ley: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) es la única institución facultativa para expedir los informes y peritajes requeridos por el Sistema de Administración de Justicia de la República Dominicana.
¿Puede una institución que está al servicio de la Justicia ser a la vez funcionalmente independiente de la misma? Ese es otro dislate del proyecto. Leamos parte del artículo 1 del capítulo 1: Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF) como un órgano técnico funcionalmente independiente, con la misión principal de brindar los auxilios científicos y técnicos a los órganos de investigación y a los tribunales de la República y en las condiciones que establezca la correspondiente Ley.
Tratándose de una institución con un componente medicolegal tan importante y extenso, tiene necesariamente que contemplar la participación del Colegio Médico Dominicano. Siendo un órgano científico de investigación tiene obligadamente que incluir a la Universidad estatal. Igualmente deben estar representados allí el Colegio de Abogados, así como los organismos que velan por los derechos humanos en el país, tal y como lo contempla la actual Comisión Médico Forense creada por decreto presidencial y aún vigente.
La realidad social dominicana nos indica que es tan escaso el desarrollo forense alcanzado hasta ahora por el país, que ese ambicioso proyecto resulta ser un traje muy grande que no encaja con los recursos humanos del presente y futuro inmediato nacional. En la América Latina solamente Costa Rica cuenta con un Instituto de Ciencias Forenses funcionalmente eficaz, sin embargo, el mismo es una dependencia del Ministerio de Justicia. En Colombia, México, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, etc., cuentan con Institutos de Medicina Legal. En España, Francia e Italia y en casi todos los Estados Unidos de Norteamérica no se funciona con Institutos de Ciencias Forenses».
Al final nos despedíamos del presidente y los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con estas palabras: ¡Que el Señor les ilumine para que de este honorable hemiciclo emane una ley justa, equitativa, progresista, eficaz y duradera, condimentada con el sabor y estilo criollo, orgullo de una dominicanidad duartiana a toda prueba!
