Corrupción y cambio
Señor Director:
La inconformidad del dominicano tiene tiempo sin resolverse. Su insatisfacción es fruto de que “Los caudillos (que) lo llevaron a morir (a la gran masa del pueblo), arma en mano, y ya en el poder gobernaron para el estrecho círculo que dirigía la economía y la política del país”, lo que se traduce en corrupción. Estas juiciosas palabras del político y escritor Juan Bosch vertidas en su libro Trujillo, Causas de Una Tiranía Sin Ejemplo, gozan de una vigencia incuestionable y que da miedo. La propensión de las masas a desahogar la inconformidad por vías colectivas, mediante insurgencias masivas, es una consecuencia que orbita como forma de articular los cambios sociales, políticos y económicos pendientes.

Edmundo Morel, sociólogo que publica en la revista Estudios Sociales su trabajo La Construcción del Tejido Urbano: Actores, Escenarios y Contrastes en el Ámbito de la Ciudad nos advierte que “La población se ha ido acostumbrando a que la solución de los problemas es a partir de la acumulación de violencia, y esto se va reflejando en las actitudes agresivas del diario vivir. La frustración del consenso, del diálogo y la negociación, va impulsando a la gente al enfrentamiento como mecanismo de solución de los problemas”. He aquí otro llamado de atención a la clase “política” nacional o a los que juegan con la política y las necesidades insatisfechas de todos, las cuales encontrarían solución en el ejercicio correcto de las funciones públicas.

Mientras tanto, más cuestionado queda el régimen democrático que practicamos y sobre todo sus representantes, esos “líderes” sumamente comprometidos y desgastados, de moral y ética empañadas, cómplices, cuando no autores, de las acciones que han enraizado nuestra pobreza. Aunque se nos haga muy cuesta arriba creerlo, pero cada vez más ellos nos llevan a pensar en la incompatibilidad e inviabilidad de esta democracia con un régimen de austeridad y pulcritud en el manejo del Estado.

Pero nos queda la majestad de la justicia como muro de contención. En todas partes hay corrupción, pero ¡qué importa! si hay justicia. Es lo que necesitamos: una justicia incorruptible para los corruptos. Es que, lamentablemente, ya existe una arraigada cultura de la corrupción que impera en la consciencia de muchos dominicanos, sobre todo aquellos que aspiran a ejercer funciones o empleos públicos. Motivo de esto es el afán de lucro, el ansia de contar con millones, las pocas o limitadas oportunidades que presenta nuestra pobre y dependiente economía; el consumismo, la pobreza rampante y eterna que arrastra hacia el fango de la miseria.

Lo que antes eran los ejemplos de conducta, que movían a elogios y reconocimiento, hoy son objeto de burla y de cuestionamiento. Ello es así en el caso de la corrupción, pues aquel que ejerce un puesto público está en la “obligación” de hacer un uso “izquierdo” del mismo; que si administra fondos debe de salir con “alguito”…o que debe de obtener un por ciento de las contratas. Ese hombre sí es digno de admiración, “ese es un tíguere”, porque “los demás que hicieron lo mismo no le hicieron nada”…En contraparte, aquel que se dedica a la administración correcta, honesta y austera de lo ajeno, que se conforma con el sueldo que percibe y la satisfacción de haberle servido a su patria, es digno de aislamiento y crítica, “por pariguayo y buen pendj…”

Cuando un mal o patología social se extiende como la corrupción, las causas que lo generan subyacen en las profundidades sicológicas, sociales y culturales donde se configura la conducta que exhibe el individuo durante toda la vida. Para lograr los cambios deseados que den al traste con este flagelo social, las estrategias diseñadas deben de ser dirigidas, primero, a la justicia, enfatizando en aquellos actores que sean primordiales en el proceso penal (del que sería objeto el corrupto), como lo es el ministerio público. Lo más atinado sería invertir en su independencia total, de cualquier tipo de interés político económico, que de acuerdo al actual esquema es dable, aunque remotamente, toda vez que el Presidente de la República es quien nombra a sus principales funcionarios.

Del mismo modo se hace necesaria una mayor estrictez en las penas pecuniarias y privativas de libertad imponibles, con indudables garantías de ejecución sin importar posiciones política y/o económica, nombradía, etc. Además de contar con un sistema penitenciario funcional, efectivo y humano.

Un tanto de responsabilidad la tiene nuestro precario sistema educativo, de extremas deficiencias, y que ha dejado amplias brechas a la ignorancia. Es aquí donde podremos encontrar gran parte de las soluciones a nuestros más acuciantes problemas sociales. Una reforma integral que abarque la educación básica, media y superior, empezando por “reformar” a nuestros profesores, que en su mayoría deberían de ser reeducados debido a sus deficientes preparación y nivel académico. Un nuevo plan de estudio en el que el estudiante sea sometido al uso de la razón, de manera que él pueda llegar a la verdad crítica y científica del mundo que le rodea; que la ética y la moral tengan un lugar privilegiado y sean omnipresentes.

Atentamente,
Fabricio Collado