¿Hacia un desastre?
Señor director:
En la tarde del 25 de septiembre del 2003 (alrededor de las 3 PM) mi auto fue embestido y chocado, por detrás, por la yipeta marca Nissan, placa No.OCO5181, propiedad de la AMET y asignada a uno de sus subdirectores, de entonces, el señor Fabio Ruiz Rosado. Dicha yipeta era conducida por su hijastro (hijo de su esposa Milagros Penso) el cabo E.N. Harlemt Alberto Martínez Penso, quien de manera libre y voluntaria declaró en el Acta Policial No. PO7561-03, del 26/09/2003, lo siguiente:

«Mientras transitaba por la autopista 30 de Mayo, en dirección Este-Oeste, el vehículo anterior entró a mi carril y yo frené, pero mi vehículo e deslizó y colisioné con dicho vehículo, resultando mi vehículo con daños…»

No tengo que detallarte el nivel de daños de mi vehículo, que en aquel momento sólo tenía tres años de uso, pues tú lo has podido apreciar directamente: toda la parte trasera terriblemente destruida y el chasis o plataforma doblado, además de otros daños mayores y menores.

Completado el expediente del accidente, nos dirigimos a la AMET donde el encargado de transporte, de entonces, el ingeniero Frank Sánchez lo tramitó al Seguro BanReservas, que era la empresa aseguradora de la yipeta, mediante un seguro de los denominados «full».

Ahí se inició un incidentado proceso, que ya lleva más de dos años y que todavía no se sabe cuando concluirá, pues dicha aseguradora buscó a unos tasadores que cotizaron los precios de las piezas en algo denominado «Propartes S.A.» y en otros talleres, usando valores irreales, mucho menores que los de Viamar C. por A. (la importadora de mi vehículo) haciendo caso omiso de una insoslayable realidad: las piezas destruidas en el accidente no eran «carabelitas», sino originales o de fábrica. Así, el Seguro BanReservas mediante una acción, a todas luces tramposa, me ofreció la «exorbitante» suma de RD$19,255.40 para tratar de compensarme por los daños sufridos en el accidente. (Anexo copia de la oferta)

Frente a tal situación me vi obligado a demandarles (penal y civilmente) por RD$1,500,000.00, debido a la indignación que me embargaba, al costo de mi vehículo y a los graves daños y perjuicios que me estaba ocasionando el accidente. Después de 14 o 15 reenvíos de audiencias, provocados por la abogada de Seguros BanReservas y por los abogados del demandado – que incluyó un intento de esconderlo de la acción de la justicia, por lo que tuve que recurrir a la colaboración de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de las Fuerzas Armadas para localizarlo – el 29 de agosto del 2005 la magistrada Orquídea Germán Castillo del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del D.N. emitió la sentencia correccional No.1455/2005 declarando culpable en lo penal, de los delitos de exceso de velocidad y de conducción temeraria o descuidada, al cabo Martínez Penso; y a él, a la AMET y al Seguro BanReservas culpables civilmente, por lo que fueron condenados a pagarme la suma RD$250,000.00 a título de indemnización y como justa reparación de los daños causados a mi vehículo.

Ni que decirte, que los abogados de la parte contraria apelaron dicha sentencia de inmediato. La apelación fue situada en la 3ra. Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del D.N. del Magistrado Ignacio Camacho, profesor de la UASD, amigo del también profesor y abogado del demandado José Ramón Casado y de Fabio Ruiz Rosado.

Su sentencia no tuvo más remedio que ratificar en todas sus partes la de la Magistrada Germán Castillo (No. 1455/2005)- pues les era imposible declarar inocente a una persona que se había declarado culpable – sin embargo, redujeron el monto de la indemnización a RD$150,000.00, a sabiendas de que todos los estimados de reparación del vehículo entregados – tanto de Autocare como de Viamar C. por A. – sobrepasaban ampliamente los RD$300,000.00 y sin tener ninguna otra prueba en el expediente que contradijera el certificado de Viamar C. por A. que especifica que mi auto había costado US$13,824.00 o RD$483,840.00 a la tasa actual del dólar. Como todavía no he reparado el vehículo (ex profeso) estoy dispuesto a someterlo a cualquier tipo de peritaje técnico calificado que ordene la Suprema Corte de Justicia para determinar el monto de reparación, pues ellos recurrieron en casación, ante ésa, aspirando supongo a que se anule o se rebaje aún más la indemnización, llevándola a un valor pírrico e insignificante.

Por último, permíteme dejarte a ti y a los lectores, a manera de reflexión, las siguientes interrogantes:

¿Cómo puede existir un clima sano de convivencia, de inversión y de progreso en la República Dominicana, sin un aparato judicial que cuide celosamente o con esmero el respeto y la aplicación estricta de las leyes?

¿Cómo se puede dejar de pensar que el país se encamina hacia un desastre mayúsculo o de grandes proporciones, al ver los hechos horribles que están sucediendo diariamente?

Sin más que tratarte por el momento, se despide tu amigo.

Atentamente,
Dr. Arq. Eduardo Rozas Aristy Profesor Titular UASD