[b]Señor director[/b]

Los culpables de la muerte del empresario arenero José Castro son las autoridades policiales y la justicia que nunca lo sometieron a un tribunal cuando su esposa hacía la denuncia de maltratos.

Su fuerte influencia judicial, policial, militar y política llevaron a este hombre hasta la muerte; era una especie de dictador cruel, un monstruo que descargaba su furia en su esposa, hijos y la doméstica de la casa.

La sociedad dominicana está consternada porque fue su propia familia que le dio muerte, su mujer no aguantaban más, estaba «jarta» de tantos maltratos y de que la justicia no haga nada en favor de ella.

A ella, a la que nadie le hizo justicia, lamentablemente la maltrataba salvajemente igual que a sus hijos menores de edad. Un verdadero cavernario.

Pero hubiese sido algo normal y no trascendente (en estos actuales momentos) si el señor Castro hubiera matado a su esposa; todo quedaría en el escándalo inicial, luego dos o tres notas de prensa, incluída la del pedido de libertad bajo fianza y, finalmente, el tiempo trae el olvido. Todo por el dinero, el poder y la influencia que tenía el difunto y de los que hacía gala, no le valieron de nada cuando su propia familia, «jarta» ya de increíbles maltratos, hizo justicia por su propia mano.

Las autoridades deben de entender que este caso es una señal clara de que la sociedad dominicana está cansada y que necesita que se haga justicia, verdadera justicia, clara y rápida, en todos los casos, porque de lo contrario entraríamos en lo que psicológicamente se llama «conducta fotocopia», que consiste en la repetición por parte de mujeres maltratadas de casos como este.

Un ejemplo de esta conducta es el caso de Lorena Bobbyt, la ecuatoriana que le cortó el pene a su marido, luego surgieron en el mundo varios casos iguales.

Estamos antes una crisis institucional y falta de autoridad por parte de la Justicia y de la Policía. Una muestra de lo que digo ha salido publicado en el periódico El Nacional, que informó hace poco que grupos de vecinos cansados de los robos y asaltos que sufrían constantemente, «lincharon» un atracador en Azua.

Es lamentable que la sociedad no confíe en sus «autoridades» judiciales y que en República Dominicana existan personas que estén presas porque se le acuse de robarse una mano de plátanos y que una jueza condene a 10 años de prisión a un joven haitiano que se robó por hambre un salami.

Los que hacen y reforman leyes están pendientes a elevarse su salario a tres mil quinientos «dólares», pero nadie crea una ley que castigue fuertemente a los hombres que asesinan su pareja.

La Justicia debe de entender que la esposa de Castro actuó de esa manera por la impunidad que este magnate y poderoso arenero tenía. No justifico el asesinato de Castro, quien fue muerto indirectamente por la falta de justicia y por la condescendencia de la Policía de San Cristóbal, porque ambas instituciones jamás actuaron cuando su esposa recurría a los métodos legales.

La justicia debe de apretarse los pantalones para que casos como este no sigan sucediendo, los jueces no deben de ser pusilánimes y deben de actuar con gallardía y siempre apegados a la ley. Casos como este no deben seguir sucediendo. Cualquier cosa se puede esperar en un país donde se cancelan agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) porque le ponen multas a los hijos de los generales. Este es el país de lo insólito.