Durante el transcurso del año pasado, fuimos testigos del término de las negociaciones que condujeron a la República Dominicana y a cinco países centroamericanos a suscribir un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. El mismo todavía debe ser aprobado por los legisladores de las naciones involucradas. Las mayores dificultades para su aprobación se encuentran en el seno del Congreso estadounidense.

En los Estados Unidos existe mucha presión en torno a este tratado. La creciente importancia del voto latinoamericano obliga a los congresistas a considerar su aceptación o rechazo a este instrumento comercial tan reclamado por los centroamericanos y dominicanos. Sin embargo, pese al incremento de los sufragantes procedentes de Centroamérica y República Dominicana en las elecciones americanas, la constante oposición de parte de sindicatos y productores azucareros sirve de contrapeso a una balanza difícil de equilibrar para los senadores y representantes estadounidenses. No podemos pasar por alto que el Partido Republicano, actualmente en el poder, también cuenta con mayoría en las cámaras legislativas y muchos senadores y representantes republicanos llegaron a sus puestos gracias al voto de estados donde la agricultura es la principal fuente de ingreso. Dichos estados agrícolas se han movilizado en contra de un acuerdo de libre comercio que podría afectar sus intereses.

El reelecto Presidente George W. Bush no tocó el tema del comercio internacional durante su campaña electoral. En su discurso inaugural, el Presidente Bush manifestó que las prioridades domésticas del segundo mandato estarán enfocadas en las reformas del sistema de pensiones y del código tributario. Fuentes de la Casa Blanca han asegurado que se guardará un perfil bajo en los temas comerciales hasta tanto el Congreso no apruebe ambas reformas. La aprobación del DR-CAFTA conllevará una serie de compensaciones para los estados agrícolas, con el objetivo de balancear las pérdidas que estos sufrirán debido a los recortes de los múltiples subsidios que reciben, las cuales el ejecutivo americano no desea negociar por el momento.

Sin embargo, aunque muchos no lo crean, los ojos del mundo están colocados sobre el DR-CAFTA. Su no aprobación en el Congreso americano llevaría un mensaje negativo a las esferas comerciales internacionales. Los Estados Unidos, el principal actor comercial en términos globales,  constituyen una pieza fundamental en el progreso de la Ronda de Doha, lanzada en 2001 y estancada desde 2003 cuando las naciones en desarrollo, dirigidas por Brasil, China e India se opusieron en Cancún a seguir negociando en términos desventajosos con sus socios estadounidenses y europeos.

Si el DR-CAFTA no es aprobado por el Congreso americano, los Estados Unidos no tendrán nada que buscar en la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a efectuarse en Hong Kong en noviembre de este año. Si no fueron capaces de convencer a su Congreso para que favoreciera un acuerdo regional de libre comercio, no tendrán ninguna autoridad para negociar con seriedad en la continuación de la Ronda de Doha. Sólo el tiempo nos mostrará el futuro del DR-CAFTA.

Atentamente,

José Alberto Ortíz B.

——————————————————————————————————————–

Necesidad urgente:

Señor director:

En nuestra sociedad producto de la negligencia y apatía durante muchos años del ministerio público y el poder judicial, la práctica y ejercicio de las ciencias forenses, han estado relegados a un remoto plano de importancia que en nada favorecen las aspiraciones ciudadanas de contar con una participación de justicia científica, certera, pronta y cumplida.

Por esta razón entendemos la importancia de la resolución 16956 de fecha 20 de diciembre del año 2004, emitida por el Productor General de la República Lic. Francisco Domínguez Brito, en la que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), cuyo consejo directivo estará constituido por el propio Procurador General de la República quien lo presidirá, el Jefe de la P.N. o su representante, el Director de la Escuela Nacional de la Judicatura, la Directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y un Abogado designado por la Procuraduría General de la República.

A través de esta institución se pretende en nuestro país llevar a cabo toda la investigación criminal que fuese necesaria a los fines de dar con la concreción del hecho punible, que implique pérdida de vida, lesión personal o daños materiales.

Ojalá que esta iniciativa, que constituye una necesidad urgente, ante la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, sea apoyada por toda la sociedad dominicana; para que contemos con una institución tan necesaria como esta, la cual nos permitiría acorde con nuestros tiempos y desarrollo enfrentar las nuevas formas de la criminalidad organizada, la violencia social y los delitos individuales. Mediante la más científica, técnica y adecuada investigación criminal en todo el territorio nacional.

Atentamente,