Señor director:
El anuncio con bombos y platillos de la próxima construcción de un metro en la ciudad de Santo Domingo entra en contradicción con el discurso de toma de posesión del Presidente Fernández.

Los que hemos vivido en países donde existe un metro, no dudamos en la eficacidad de este medio de transporte por su capacidad para mover un alto volumen de pasajeros, su eficiente consumo de energía y su reducido nivel de contaminación. Pero también sabemos que el metro representa una inversión millonaria (en moneda fuerte), que su rentabilidad es a muy largo plazo, que el Estado tiene que subsidiarlo inicialmente y hasta sacarlo de apuro (véase el ejemplo del metro privado londinense) y que supone gastos de mantenimiento muy importantes. Por estas razones, el metro no está al alcance del presupuesto de muchas ciudades.

El Presidente Fernández propuso la ejecución inmediata de un plan de austeridad frente a la grave crisis económica que sacude al país. Con un importante déficit fiscal, una elevadísima deuda externa, un peso devaluado y una inflación de dos dígitos, la pregunta es obvia: ¿constituye el metro una prioridad nacional en la coyuntura actual? Si el nuevo gobierno tiene que aplicar urgentemente una política impositiva agresiva para captar recursos para los problemas inmediatos, tendría que explicarnos de dónde va a sacar el dinero para cumplir con su partida en la realización de este mega-proyecto.

Con una población castigada por los graves problemas económicos y sociales, lo lógico sería que el nuevo gobierno le diese prioridad al restablecimiento del equilibrio macroeconómico, a la generación eléctrica (¿cómo movemos el metro?), a la educación, a la salud… no continuamos porque la lista sería muy larga.

Un proyecto de la magnitud de un metro necesita de instituciones fuertes, de un marco jurídico sólido, de la cooperación entre los organismos del sector público involucrados en el proceso, de una planificación urbana, de un análisis coste-beneficio, de una política estatal de continuidad y de transparencia, en fin, de elementos vitales que han sido deficientes o que nunca han existido en nuestro país. Sin estos elementos, el proyecto está destinado al fracaso y generará las continuas sospechas de corrupción que lamentablemente ya son parte de nuestro modus vivendi.

Entonces, ¿por qué no buscar una solución de transporte viable y que se adapte a la situación de nuestro país? lo primero que tendría que hacer el gobierno es reorganizar el transporte ya existente en el país. Y esto comienza por desmantelar de una vez por todas tanto el sistema cavernícola impuesto por grupos de interés que se hacen llamar sindicatos, como el obsoleto y peligroso sistema del «concho». Las nuevas autoridades no pueden permitir que se siga abusando del contribuyente adquiriendo miles de unidades móviles cada cuatro años, cuya vida útil se reduce por arte de magia a casi nada. Con la inversión cuantiosa que se ha hecho en autobuses, el país podría tener un sistema organizado y eficiente de transporte terrestre con autobuses articulados y aire acondicionado, con horarios y paradas establecidas. Así ayudaríamos a descongestionar el tráfico, a evitar que el dominicano se sienta obligado a gastar el dinero que no tiene en la adquisición de un vehículo, a ahorrar combustible y a contaminar menos el ambiente.

El Metro es un proyecto fabuloso, símbolo de modernidad. Pero seamos realistas y concientes: aún no estamos preparados para ello.

Atentamente,

Miguel del Castillo
Madrid, España