Señor director:
La idea de que la capital de la República disponga de un metro es agradable y posiblemente, permitiría que los habitantes de esta gran urbe, se desplacen mejor, reduciendo los actuales problemas de tránsito. Esa ventaja aumentaría la atracción de esa ciudad sobre los pobladores de otras provincias y regiones, incrementando la migración interna.

Sin embargo, cuando se dice que cada kilómetro de ese metro costaría 40 millones de dólares, la decisión de aprobar esa obra se torna compleja y obscura, dejando de parecer atractiva, sugiriéndose que debe ser postergada o diferida a otra época más próspera que la actual de gravísima crisis nacional.

Obviamente, una inversión de tal envergadura, que de un modo u otro, comprometería crédito y recursos del Estado, debería ser ponderada frente a otras de mayor prioridad como serían, por ejemplo, las siguientes:

a) Construcción de un ferrocarril de carga y pasajeros desde Santiago a Santo Domingo, con ramales en Haina, Arroyo Barril y Manzanillo;

b) Reforestación de 100,000 hectárea anuales de bosques con énfasis en las cuencas hidrográficas y creación de un sistema moderno de prevención y control de incendios forestales;

c) Fomento de agroindustrias exportadoras;

d) Erección de una frontera física con Haití según el modelo israelí, para control de la migración y enfermedades humanas y animales;

e) Fomento de las fuentes de energía no convencionales y financiamiento para su mayor cobertura territorial y social;

f) Una terminal de combustible en Manzanillo con oleoducto hasta Santiago y terminal clasificadora en Valverde, Mao;

g) Una flota pesquera del Estado;

h) Invertir en recuperar 30% de capacidad de las hidroeléctricas del Estado para abaratar el costo de la electricidad.

En un país como el nuestro, cuya capacidad de endeudamiento se agotó, al punto en el que para pagar quieren que lo hagamos, cediendo activos estatales, el gasto público hipertrofiado debe reducirse significativamente en vez de aumentar y las inversiones con recursos internos y externos, deben ceñirse al más riguroso criterio de prioridades.

Desde luego, los promotores de la obra podrían tal vez alegar que no comprometerían el crédito externo de la República pero si fuese así, sería consintiendo un monopolio privado de transporte urbano con tarifas indexadas que serían otro medio de explotar al pueblo a mansalva, tal como ha ocurrido con la catastrófica privatización del servicio público de electricidad, mediante concesiones lesivas.

Hay muchos otros medios más económicos de mejorar el tránsito urbano de la ciudad de Santo Domingo y en cualquier caso, la política de inversiones no debe continuar financiando el crecimiento unipolar de la capital, dirigiéndose en cambio, hacia las provincias del interior, propiciando el desarrollo regional, armónico y equitativo.

Atentamente,