27 de septiembre del 2004. Para alguien que no sea abogado en ejercicio esta fecha parecería insignificante, y hasta tal punto podría decirse que fue un día como cualquier otro. Pero valga contradicciones tiene la vida. Ese día sin que muchos dominicanos lo notaran se produjo un acontecimiento que más temprano que nunca habrá de transformar la vida de cada uno de nosotros. Ese acontecimiento es el inicio de la democratización del aparato punitivo del estado que por muchos años se mantuvo concentrado en manos de policías, militares y más que en ellos en manos del aparato político que regía el estado para la ocasión.

De esto último se desprendía la cultura del «tránquelo», ya fuere por desavenencias políticas, provechos personales o simplemente por «asuntos que interesan a la institución» como era la justificación habitual de la policía cuando al indagarse sobre las causas de la detención de un ciudadano se daba una respuesta lacónica y burlesca como la que acabamos de enunciar.

Cuantos huérfanos sociales guardaban prisión sin motivo, en especial cuando se acercaba el fin de semana y el jefe de departamento salía a «desayunar o a una simple diligencia» permitiendo que se amontonaran los presos, los expedientes y la gente desespera para después ordeñar económicamente sus parientes y con esto romper la inercia del cuello de botella que se formaba allí y que sólo se sorteaba con dinero. Quien pagaba era enviado a las calles pero roído en la incomodidad de tener que pagar por su propia libertad o de no hacerlo, luego de varios días preso se le ponía en libertad con los únicos cargos formulables de servir de instrumento carne de cañón para que un inescrupuloso pudiere echarse unos pesos en el bolsillo.

Sólo basta pasar un día cualquiera por el frente de un destacamento policial para notar la diferencia; aquellas turbas de infelices que no tenían padrino político ni militar han desaparecido, pues el control del apresamiento ha sido trasladado de manos del policía a manos de quien debía tenerlo, una autoridad judicial competente que tutela los derechos fundamentales del individuo, y quien no cobra un solo penique para determinar quien debe o no estar preso. Antes del nuevo código la estructura que manejaba el sistema policial había que conocerla a fondo con las manos metidas en los bolsillos para poder determinar si se estaba preso o en libertad. Por eso el sinónimo de poder más grande que podría tener un dominicano era tener la facultad de ir al cuartel y soltar gente, el que hacía esto sin ser juez o fiscal, sólo por estar pegado, era especie de un Faraón.

Hoy, con nuestra nuevo código quien está preso sólo pasará como máximo 24 horas de incertidumbre a partir de las cuales obligatoriamente un juez habrá de decidir su suerte, de lo contrario debe poner en libertad a quien fuere no importa la bandería política que tenga o los padrinos que pudiere llevar al destacamento o cuartel él o sus supuestos acusadores, pues en caso contrario si alguien es absuelto o apresado de la forma que ya estábamos acostumbrados, la víctima de tal situación tiene la oportunidad de presentar ante un juez los elementos que disponga para acusar a su victimario o defender su honor y que sea un tribunal que juzgue su suerte.

Esta son sólo pinceladas de las ventajas del nuevo Código, trazos que nos permiten ver como el gran negocio de la prisión y la libertad del individuo han finalizado en nuestro país, por que ya no hay que pagar para «soltar o trancar», por que nadie nos puede enviar a prisión por simple gusto o estratagema económica o política, por que el poder ya no descansa en manos de un uniformado, por que el poder al que nos referimos está no en manos de una persona sino en manos de toda una estructura que debe combinarse de manera efectiva y convincente para vulnerar un derecho tan sagrado y preciado como es la libertad.

Esto conlleva que sectores que por siglos se han beneficiado de tener el poder absoluto en sus manos hayan lanzado el grito al cielo pues el caramelo que por ese tiempo endulzó sus vidas hoy se les aleja; y ven como las decisiones que permiten amedrentar, infringir terror y por que no respeto por miedo le han sido vedadas de su entorno y esto ha convertido a los dominicanos ante la perspectiva de una prisión en seres que por primera vez podremos decir, al menos en teoría, que somos iguales. Pues se juzgará al militar, al policía, al civil y al poderoso con los mismos parámetros y con la misma oportunidad de aportar los elementos que le incriminen, pues hoy fiscal y las partes son iguales y tienen un radio de acción igualitaria en tanto cuanto sustenten sus respectivos intereses.

Ante este panorama el nuevo código nos trae efectos que aún no se valoran por que a quienes beneficia no tienen voz ni medios para pregonarlo, pero también trae una triste realidad para un sector que debe ya resignarse que este es un eslabón irreversible en nuestra emancipación como estado y más aún que se enmarca dentro de los que son las tendencias globalizantes del mundo moderno de hoy en día, pues si no lo saben indaguen por donde anda la legislación de punta en toda latinoamérica y cuál es la intención de nuestro hermano mayor en materia de política exterior.

Así las cosas quienes alucinan pensando que esta reforma fracasará sólo nos resta decirle que soñar no cuesta nada, pero que no lo hagan por mucho tiempo pues el sueño podría ser eterno.

Atentamente,

Leonte Ant. Rivas Grullón