Señor director:
Al inicio de cada gestión de gobierno siempre se escucha el mismo discurso de los funcionarios de turno, enrostrándole a la pasada administración el mal manejo de la economía y los actos de corrupción que se cometieron. Lo ocurrido casi siempre termina siendo un recurso de campaña, procurando denostar al candidato del partido que estuvo en el pasado gobierno.

La corrupción es un mal endémico de los dominicanos. Los políticos y empresarios invierten en la campaña de un candidato en espera de ser favorecidos desde el Estado de múltiples formas: evadiendo impuestos, usando el tráfico de influencias, apropiándose del patrimonio público, entre otras muchas formas de actos mal habidos. Muy a pesar de los grandes avances que ha experimentado nuestro sistema judicial, los intereses políticos y económicos terminan imponiendo sus reglas para favorecer con impunidad a quienes cometen actos de corrupción desde el gobierno y en el sector privado. Es de ahí que se impone un sistema de controles de prevención mucho más efectivos y rigurosos que los que actualmente tenemos. El sistema de contabilidad gubernamental que existe en nuestro país data de la intervención americana de 1916, con normas y procedimiento de registros obsoletos. Las instituciones del gobierno reciben las asignaciones presupuestarias y realizan los respectivos desembolsos sin llevar ningún tipo de registro contable de forma sistemática, que imposibilite la desviación de recursos y la falta de documentación soporte de las operaciones.

De nada vale tener una Cámara de Cuentas con las mejores internaciones. De nada vale tener una Contraloría con buenos auditores. Para que se hagan las auditorías deben existir registros contables. Pero esos registros no tendrían sentido sin un sistema de control interno efectivo. Se hace urgente la aprobación congresional de una ley de contabilidad gubernamental. Esa ley debe contemplar una dirección general de contabilidad gubernamental independiente del Poder Ejecutivo, con un equipo de alto nivel de auditores, entre cuyas funciones deben estar las de crear los sistemas de controles internos de las instituciones estatales, diseñar los manuales de normas y procedimientos del personal administrativo y de operaciones, elaborar los manuales de políticas contables y administrativas de cada institución, así como realizar auditorías periódicas a esas instituciones. Esa misma ley de contabilidad gubernamental debe contemplar la fusión de la Contraloría de la República con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. La Cámara de Cuentas funcionaría como un organismo distinto a esta dependencia y mantendría sus mismas responsabilidades ante el Estado. La doble revisión evita la colusión y hace más efectivo el funcionamiento de los controles internos.

El sistema de contabilidad de las instituciones gubernamentales debe de ser uniforme, totalmente automatizado. Los auditores internos y los contadores de cada institución pública deberán ser designados por la dirección de contabilidad gubernamental, que no dependan del Poder Ejecutivo, y que sean inamovibles, mientras no cometan actos deshonestos. Con buen salario y buenos incentivos para que la tentación no esté al acecho de ellos. Debe también contemplarse la rotación de los auditores internos y los contadores, cambiándolos periódicamente de institución. Es imperativo la capacitación y el entrenamiento permanente de ese personal para que puedan estar a la vanguardia con la actualidad de conocimientos en su área, y puedan aplicar los mismos en las instituciones que laboren.

Mientras los contadores y auditores internos sean designados por los encargados administrativos de las instituciones públicas, la corrupción gubernamental siempre estará presente. La ley de contabilidad gubernamental deberá contemplar la escuela nacional de capacitación y entrenamiento del personal de las entidades gubernamentales, incluyendo a sus principales funcionarios. La misma ley deberá contener su reglamento ético, que rija las responsabilidades y deberes del personal que labora en las instituciones públicas.

Los legisladores dominicanos, las instituciones profesionales de contabilidad tales como, el Instituto de Contadores, el Colegio de Contadores, el Instituto de Auditores Internos, así como los directivos de la principales firmas de contabilidad de nuestro país, deben de colaborar para trabajar en un anteproyecto de ley de contabilidad gubernamental que contemple todas las propuestas posibles para tener un sistema de contabilidad moderno, eficiente, riguroso; que contemple un buen sistema de control interno, un adecuado sistema de libros, un flujograma de información ágil y preciso, así como un efectivo sistema de revisión de las operaciones y transacciones que se realicen en las instituciones públicas.

Un sistema uniforme, totalmente automatizado, que incluya una dirección general de contabilidad gubernamental, integrada por un capacitado cuerpo de profesionales de la contaduría pública, y regido por un riguroso código de ética.

Atentamente,
Mayobanex De Jesús Laurens