Señor director:
En la edición del 20 de septiembre en curso, ese prestigioso periódico publica en su página 7A la noticia, firmada por el redactor de Hoy, licenciado Fernando Quiroz, de que el Honorable síndico del Distrito Nacional, licenciado Roberto Salcedo, «advirtió que dispondrá la demolición de áreas de cuatro moteles en caso de que una comisión que designó confirme que violan la Ley de Medio Ambiente por ocupar terrenos del Parque Nacional Litoral Sur en la Autopista 30 de Mayo». Aunque no soy abogado, ni tengo absolutamente ningún interés particular en el asunto, me ha extrañado esa declaración del Honorable Síndico ya que he oído decir, repetidamente, que según la Constitución, las leyes no tienen efecto retroactivo y es de conocimiento público, que los negocios amenazados de demolición tienen entre 10 y 20 años de construidos y, es lógico suponer que en su momento, fueron sometidos los planos a la aprobación del Ayuntamiento correspondiente, para uso de suelos y Obras Públicas para fines de construcción. Entonces, cómo sería posible acusarlos de violar la «Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 promulgada el 18 de agosto del año 2000», cuando esa ley no existía en tiempos de su construcción?

Como hace poco el Honorable Síndico anunció la «construcción de un campo de golf en los terrenos del Parque Nacional del Litoral Sur en la Autopista 30 de Mayo» no parece que sea una coincidencia la drasticidad con que se anuncia aplicarán la ley en ese caso, mientras se calla con respecto a la construcción reciente en dicho Parque Nacional que, como es de conocimiento público, fue levantada, contra viento y marea, en flagrante violación a la ley mencionada. Como Secretario General del Sindicato de Ojalateros deseamos que ojalá esto se aclare porque parece que hay algo raro en el asunto.

Con relación al campo de golf que planea construir el Ayuntamiento, muy cortésmente invitamos al Honorable Síndico  visitar esa área después del paso del Huracán Iván a unos 350 Kms. al Sur del país, para que vea cuál sería el destino de ese proyecto con fenómenos naturales tipo longaniza, porque se repiten mucho.

Incidentalmente, sabe usted qué habrá pasado con el famoso Rok-Cash depositado en algunas poblaciones del país en violación a la ley antes mencionada.

Con toda consideración y estima, le saluda,

Muy atentamente,

Ben J. Castillo

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Partidos o agencias

Señor director:

Ya lo dijo don Juan Bosch en su obra «Clases sociales en la República Dominicana»: «En el ejercicio de la política nos damos con toda clase de gente y, más en un país como el nuestro donde la política es una potrero sin puertas en el cual puede entrar todo el que quiera y muy especialmente todo el que tenga hambre de figureo, de dinero o de poder».

Nadie mejor que Bosch se percató de la verdadera naturaleza de la sociedad dominicana, alabó sus fortalezas, desenmascaró sus debilidades y dedicó su vida para hacer a nuestro pueblo digno de un mejor destino.

Hoy vemos sin espanto alguno la tragicomedia que nuestros partidos ponen en escena con cada cambio de gobierno, ante la búsqueda de empleos de sus militantes, amigos, familiares y, de los que se «fajaron» en la campaña, no para mejorar el país sino para obtener algún tipo de beneficio.

Pero nuestro objetivo al escribir estas líneas no es sólo lamentarnos por el espectáculo deprimente que se repite con cada cambio de administración pública, cuando los antedespachos se rebosan de «busca empleos» fólder en mano y, los funcionarios recién nombrados no pueden trabajar porque en lugar de dedicarse a las labores que les han sido confiadas, tienen que estar atendiendo a quienes entienden que han ganado el derecho de un asiento en el tren del Estado.

Mientras llegue el tiempo en que las cosas sean como deben ser, en que las barridas desaparezcan y las aplanadoras se detengan, en que los empleados públicos sean escogidos por oposición y la ley de carrera civil se respete, sugerimos que los partidos políticos complementen el registro de sus militantes con las informaciones de su currículo, de manera que se tenga una base de datos que podría utilizarse como registro de elegibles.

Los organismos partidistas pueden clasificar a sus miembros por tiempo de militancia, jerarquía, oficio y profesión, lo que facilitaría la colocación en los tan deseados puestos. El procesamiento de esos datos y la elección de los funcionarios puede hacerse durante el período de transición.

En resumen, proponemos organizar el desorden de los C (compañeros, compatriotas, camaradas, canchanchanes y caravaneros) ante la búsqueda de puestos cuando cambia un gobierno, mientras llega el tiempo en que nuestra sociedad exija eficiencia, continuidad, respeto y, haga entender a nuestros políticos, por las buenas o por las malas, que institucionalidad es mucho más que una palabra aguda.

Atentamente,