Señor director:
Algunas personas y frentes promotores de la haitianización de nuestra República, han recurrido a la prensa calificando de «absurda» mi propuesta de repatriar los haitianos ilegales, ofreciendo argumentos carentes de fundamento y contrarios al interés de la nación. Me refiero a la publicación hecha ayer en el periódico HOY, suscrita por el periodista Germán Marte y atribuida a un «servicio Jesuista de refugiados» y un «movimiento sociocultural de trabajadores haitianos».

Deseo dejar sentado que mi propuesta no es producto de prejuicios discriminatorios, sino de la realidad económica de la República y del sentimiento de mi pueblo, que contempla en creciente preocupación, alarma y disgusto, la masiva penetración de haitianos ilegales en nuestro territorio.

Los haitianos, contrariamente a lo que sugieren las entidades mencionadas, son una carga intolerable para una nación como la nuestra, abrumada por una crisis social y económica sin precedentes. Quitan empleos a los dominicanos, forzándolos a encontrar la muerte emigrando en yolas; abaratan los salarios; transmiten enfermedades que habían sido erradicadas; contribuyen a la destrucción forestal y propagan prácticas culturales y religiosas extrañas, ocupando cama en nuestros hospitales y aulas en nuestras escuelas, pagadas por los contribuyentes dominicanos y reservadas a los nacionales. Su presencia masiva además, tomando en cuenta nuestra historia, crea un peligro inocultable de violencias, que todos debemos evitar.

Nada tiene de absurdo pues, que se proponga la repatriación. Existe un Acuerdo Internacional entre nuestros países, suscrito en Washington el 31 de enero de 1938 y ratificado por la Ley No. 1467 del Congreso Nacional de ese mismo año, en el cual el gobierno de los Estados Unidos actuó como garante. Mediante ese Acuerdo, el gobierno haitiano se comprometió, para evitar hechos lamentables como los de 1937, a no permitir la penetración de sus nacionales a nuestro territorio y también a reconocer el derecho soberano del Estado Dominicano a respetarlo sin ningún otro procedimiento.

Tanto yo, como la gran mayoría de los dominicanos, queremos sinceramente, el bienestar del pueblo haitiano, pero lo queremos en su territorio y no en el nuestro. Algunos países extranjeros quisieran que los alojemos aquí para que no emigren a sus dominios y por otras razones, pero tal pretensión es inaceptable para nosotros y lo que deben hacer es aportar los fondos necesarios para que puedan los haitianos encontrar trabajo y bienestar en su propia patria. A ese noble objetivo deberían dedicar sus esfuerzos las personas y entidades que se preocupan por la suerte de los haitianos.

De otro lado, es cierto que en algunas actividades económicas se emplea a haitianos ilegales, pero esa es una situación delictiva y antinacional que debe cesar, pues el Estado no puede permitir que operen empresas nacionales con fines y efectos antinacionales.

Aquí puede trabajar lícitamente cierta cantidad de haitianos, que no debería ser superior al 7% de nuestra mano de obra ocupada. Sin embargo, esos haitianos deben haber ingresado legalmente a nuestro país, provistos de visa y pasaporte, legalmente expedidos y por tanto, certificados de no poseer antecedentes penales ni enfermedades infecto contagiosas. Podrían residir como no inmigrantes durante el tiempo convenido en sus contratos de trabajo y estarán sujetos a nuestra legislación laboral con iguales derechos y privilegios que los dominicanos.

En cuanto a la pequeña, aunque indeseable cantidad de extranjeros transeúntes ilegales en nuestro territorio, está claro que deben ser igualmente deportados.

Atentamente,

Dr. Enriquillo Reyes Ramírez
Senador Provincia Monseñor Nouel