Señor director:
Urge que el Estado dominicano solucione el problema de más de dos  millones de personas que en nuestro país no han podido ser inscritas en el Registro Civil. El fenómeno multiplicador generado por el círculo vicioso de los adultos no declarados que a su vez no pueden declarar a sus hijos y los hijos que al no ser declarados por sus padres a su vez no podrán registrar a sus descendientes, garantiza que no muy tardío nos convertiremos en una nación mayoritariamente indocumentada.

La solución del problema corresponde a todos. La Ley 659 establece un mecanismo donde participan en primer término las Oficialías del Estado Civil, la Junta Central Electoral, el Ministerio Público y los Tribunales de Primera Instancia. Como instituciones vinculadas en segundo término figuran la Secretaría de Estado de Salud Pública y las sindicaturas a través de los Alcaldes Pedáneos.

No quiero en este artículo referirme a las culpas ajenas. Tampoco me referiré a los que con mezquindad viven haciendo negocios con tan horrendo drama o a los que por política organizan operativos que más luego venden como noticia con la venia de comunicadores que no persisten en preguntarse y buscar las respuestas de  por qué el Registro Civil Dominicano, durante varias décadas ha permitido que dicho fenómeno haya llegado a bordear los niveles de tragedia social.

Hoy sólo quiero referirme a la culpa propia ya que dos aspectos de nuestro desempeño deben urgentemente revisarse. Primero: La disponibilidad de nuestros recursos gerenciales y segundo: El mecanismo de nuestra remuneración.

Es altamente conocido que la calidad del personal auxiliar de las oficialías carecen de la formación requerida para atender eficientemente la demanda del servicio, condición que agregada a los bajos salarios producen un escenario propio de fiesta de carnaval.

Ahora bien no vayamos a creer que tal situación viene como consecuencias de la falta de recursos económicos, o de la falta de modernización en el sistema de registro, o como consecuencia de no existir los medios suficientes para contratar, instruir o preparar nuestro personal.

No. Las oficialias en nuestro país producen para eso y para más. En consecuencia, los medios económicos están ahí. Tantos que nos permitiría establecer niveles de gratuidad en el servicio; y ahí caemos en el segundo aspecto del problema que lo es el sistema de nuestra remuneración.

Históricamente las oficialías han sido convertidas en Instituciones de enriquecimiento para el Oficial del Estado Civil, constituyendo una aberración vergonzosa  frente a una población que, en la mayoría de los casos no tiene para pagar los cincuenta pesos para la expedición de un acta. Urge que a los Oficiales del Estado Civil se les asigne un sueldo cuya dignidad sea el incentivo para tratar de preservar el cargo.

Mientras tanto, con los recursos de la propia Oficialía, “eb la misma acera” de cualquier barrio de la Zona Este de la Capital, se desarrolla el “Programa para la Erradicación de la Desperzonalización y la Falta de Identidad” auspiciado por la Oficialía del Estado Civil de la 12ava. Circunscripción. Programa que a pesar de su gratuidad y de todos los elogios concitados en diferentes instituciones nacionales e internacionales, no ha merecido la más mínima atención de parte de nuestras instituciones gubernamentales. Ojalá que este artículo no sea un clamor en el desierto.

Atentamente,

Luis Felipe Rodríguez
Oficial del Estado Civil