Señor director:
Ante la ola de delincuencia que arropa al país se han expresado diversas opiniones respecto a las causas que le han dado origen. Una parte de la opinión pública asocia el incremento registrado en la delincuencia con “la falta de mano dura” de la Policía; otra parte atribuye el incremento de la criminalidad a la reciente puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal; otros perciben motivaciones políticas detrás de los actos vandálicos. En muchos casos se han atribuido razones simplistas al origen de un problema que de simple no tiene nada. La delincuencia es un problema social  bastante complejo y su incremento en los últimos años se debe a razones de distinta índole, por lo tanto su solución requiere de un enfoque integral.

La delincuencia, como mal social, debe ser enfrentada por el Estado y toda la sociedad desde cuatro vertientes: con políticas de prevención, para evitar que los ciudadanos se conviertan en delincuentes; con políticas de seguridad ciudadana, para proteger a los ciudadanos de los delincuentes; con políticas de persecución, para que los delincuentes sean castigados por los crímenes que cometan; y con políticas reformatorias, para que los delincuentes abandonen las prácticas antisociales y se conviertan en ciudadanos respetuosos de las leyes.

En la lucha contra la delincuencia el ámbito de la Policía se circunscribe a la aplicación de políticas de seguridad ciudadana y de persecución, es decir, a luchar contra los antisociales que ya han asumido la delincuencia como modo de vida. Naturalmente, la eficacia policial es al mismo tiempo un importante elemento de prevención por vía de la disuasión.

Los responsables de diseñar y aplicar políticas de prevención para evitar que los ciudadanos opten por la delincuencia como medio de vida son otras instituciones del Estado, como la Procuradoría General de la República, las Secretarías de Educación, de la Juventud, de Deportes, etc., así como de la sociedad civil, comenzando por la familia misma e incluyendo las iglesias, las instituciones educativas, los clubes deportivos y culturales, las ONG´s, etc. Al Congreso le corresponde crear las leyes necesarias para que los actos delincuenciales puedan ser castigados severamente. Y al Ministerio Público y a los jueces les corresponde asegurar que los delincuentes perseguidos y sometidos a la justicia cumplan las condenas que las leyes ordenen y sean sujetos de un eficaz proceso reformatorio. De manera que combatir la delincuencia como mal social es una responsabilidad compartida entre el Estado y el resto de la sociedad, que debe ser acometida integralmente para lograr resultados satisfactorios a largo plazo.

Sin embargo, en el corto y en el mediano plazo el Gobierno debe tomar medidas para contener la creciente ola de criminalidad, reforzando las políticas de seguridad ciudadana y de persecución. Para que la Policía pueda garantizar la seguridad ciudadana y perseguir eficazmente a los delincuentes, es necesario que sea dotada de los recursos humanos, técnicos y logísticos indispensables; sin esos recursos la sociedad dominicana no puede esperar de la institución policial un desempeño ni siquiera aceptable.

En primer lugar, es necesario contar con un cuerpo policial cuyos miembros sean idóneos. Sus integrantes deben ser ciudadanos probos, personas de buenos valores y costumbres, que exhiban conductas ejemplares en sus comunidades, que tengan vocación de servicio público y que inspiren respeto en la ciudadanía. A la Policía no deben ingresar personas con bajos niveles de escolaridad y todos sus miembros deben recibir adecuados entrenamientos básicos, de actualización y de especialización.

Los agentes del orden tienen la nada envidiable tarea de perseguir y enfrentar a individuos y bandas sin escrúpulos, la mayoría sin un mínimo de respeto por la vida ajena, dispuestos a eliminar a quienes atenten contra su maldito medio de vida. De todos los servidores del Estado, son los policías quienes están sometidos a mayores riesgos, constantemente poniendo en peligro su propia integridad física en el desempeño de sus funciones. La labor policial es sin dudas un trabajo muy arriesgado y que, por lo tanto, puede ser muy estresante y desgastador para quienes lo realizan.

Para atraer y conservar personal idóneo, dispuesto a asumir los riesgos inherentes a la labor policial y para evitar que sus miembros estén tentados a aceptar sobornos de los delincuentes, la Policía debe implementar una agresiva política de compensación. Los policías deben estar entre los servidores públicos mejor remunerados y deben contar con una excepcional protección en materia de seguridad social.

Los policías deben portar las armas, municiones y demás medios de defensa que requieren; deben estar correctamente uniformados, y deben ser provistos de los equipos de comunicación y de transporte que necesitan para realizar eficientemente las funciones de patrullaje, persecución e investigación.

Solo cuando contemos con un cuerpo policial dotado de recursos humanos idóneos, bien compensados, que reciban abundante entrenamiento y capacitación y que estén bien equipados, estará la Policía en condiciones de dar una respuesta eficaz a las demandas de la sociedad en materia de seguridad ciudadana. Y solo a partir de entonces podremos hacer una justa valoración de su desempeño. Mientras esto no suceda, la responsabilidad será del poder político, no de la Policía.

A pesar de que la delincuencia ha alcanzado niveles no registrados en la historia reciente de la República, no hay por qué pensar que es un estado irreversible, sin solución. Si existe la voluntad y la determinación de enfrentar el problema como se debe enfrentar, entonces es posible una solución. Ya ha sido demostrado en ciudades que hasta hace pocos años tenían altos índices de criminalidad, como Nueva York, San Francisco (California) y Bogotá. No obstante, el primer paso que debe dar la sociedad es cambiar su actitud ante el problema y su solución.

Atentamente,