Señor director:
La nueva reforma o rectificación fiscal grava con un diez por ciento los alquileres de casas. Los propietarios, naturalmente, traducirán esa carga a los desamparados inquilinos, elevando los gastos de las familias sin techo que suman centenares de miles, si tomamos en cuenta el déficit habitacional del país que cada año aumenta significativamente.

El alquiler de viviendas es una actividad muy lucrativa dentro de los llamados bienes raíces, sin controles y muy poca regularización.

Los inquilinos están expuestos a mafias organizadas que se aprovechan de la necesidad y escasez del mercado para cobrar jugosos beneficios en los que intervienen unos agentes denominados “corredores” que extorsionan descaradamente a los usuarios. A esto se adicionan unos contratos leoninos, cuyas condiciones muchas veces violentan las leyes sobre la materia.

Los alquileres han subido en forma desproporcional en los últimos años, constituyendo unos de los mayores renglones de gastos de la familia dominicana.

Por ello, entendemos que es totalmente injusto el impuesto de un diez por ciento a los alquileres en un país donde la ley de inquilinato es casi un pedazo de papel, pues es bien sabido que los propietarios son los que ponen las reglas aprovechándose de la gran demanda.

La frase de nuestros abuelos de que no se puede llegar a viejo sin casa tiene hoy más vigencia que nunca, porque no hay manera de resistir los costos de los alquileres ni para la clase media ni mucho menos para los pobres, que son la mayoría.

El doctor Joaquín Balaguer, el gobernante dominicano que más viviendas construyó en toda la historia, jamás hubiera permitido un impuesto semejante, pues su política social se cimentaba en proteger a los inquilinos dotándolos de techos propios.

Al parecer el equipo económico del gobierno no ha medido el impacto que tendrá este diez por ciento que acompañado por el impuesto al derecho de circulación que será aplicado hasta los vehículos utilitarios y que de seguro provocará un gran desequilibrio familiar.

Uno de los grandes dolores de cabeza para una pareja contraer matrimonio y establecer familia es precisamente los elevados precios que hay que pagar para rentar una casa. Ahora con ese nuevo impuesto la situación se agravará.

Los inquilinos definitivamente seguirán pasando las de Caín. Sus esperanzas con el actual régimen de cosas son las de presenciar impotentes este yugo que los ahoga.

Hay quienes hablan de un aumento general de salarios para encarar todas estas cargas impositivas, pero eso en las actuales circunstancias constituye casi un mito. ¡Ojalá que Dios se apiade de este generoso pueblo!.

Atentamente,
Miguel Pineda López