Cartas
La propuesta de Luciano

Cartas <BR><STRONG>La propuesta de Luciano</STRONG>

Señor director:
La propuesta hecha por el magistrado Juez de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Luciano Pichardo, en el sentido de que se reglamente por áreas el ejercicio del derecho, como ocurre en Francia, ha provocado un interesante debate entre los profesionales de la toga y el birrete.

Y no es para menos, ya que se trata de una propuesta que modificaría sensiblemente el ejercicio del derecho en la República Dominicana, pero más todavía, quien la promueve es un veterano y calificado abogado que ostenta la condición de vice-presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Los planteamientos del magistrado Luciano Pichardo encuentran su respaldo en la inocultable baja calidad de muchos de los togados y en la irracional expansión de la carrera de Derecho en detrimento de otras carreras, algo que se sustenta en el hecho cierto de que nuestra sociedad está produciendo más abogados de los que el país necesita.

Sin embargo, a pesar de la contundencia de lo señalado en el apartado anterior, no suscribo enteramente la propuesta del magistrado Luciano Pichardo, por la única y exclusiva razón de que la supuesta especialización por áreas, en modo alguno, conllevaría, por sí sola, a la elevación de la calidad profesional de los abogados, y mucho menos le quitaría el atractivo que tiene estudiar Derecho en la República Dominicana.

Es más, la supuesta especialización por áreas lo que realmente produciría es una drástica reducción de los trabajos disponibles, fundamentalmente para los abogados pobres, que son la inmensa mayoría, y por vía de consecuencia, al no disponer de una clientela suficiente, los sacaría de ese mercado de trabajo, paradójicamente, en la era del libre mercado.

Además, ¿cuál sería el mecanismo de funcionamiento de la propuesta del magistrado Luciano Pichardo, cuando la misma Suprema Corte de Justicia interviene en el área penal, mediante la ley No.277/04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, integrado por defensores públicos a los cuales les dan formación académica y luego los contratan pagándoles buenos salarios, es decir, que en la actualidad la Suprema Corte de Justicia forma a los juzgadores y a los defensores públicos, lo que provoca una situación de desigualdad entre los que se dedican al ejercicio privado y los defensores públicos, ya que estos últimos están tutelados por el aparato judicial.

En modo alguno pretendo convertirme en el defensor de los abogados, porque ciertamente los profesionales del derecho somos una especie de ignorantes con títulos, que en ocasiones no estamos ni en capacidad de redactar coherentemente un párrafo, por lo que pido formalmente excusa si notan que en este trabajo contrarío las reglas del lenguaje, ya que soy abogado, y al decir de nuestros principales acusadores, por mi escasa formación académica, se me ha dado licencia para transgredir cualquier regla.

Lo que aparentemente olvida el magistrado Luciano Pichardo es que la escasa formación académica no sólo se les puede endosar a los abogados en ejercicio, ya que si estudiamos muchas de las decisiones que se producen en los distintos tribunales del país, sin distinción alguna, los principios y la técnica jurídica brillan por su ausencia, lo que significa que la casi totalidad del sistema judicial está bajo cuestionamiento.

Sin embargo, si la verdadera intención que alentó al magistrado Luciano Pichardo a promover la propuesta de especialización por áreas tenía como finalidad pretender elevar la calidad académica de los abogados y disminuir el número de estudiantes de Derecho, y asumiendo que la elección de una carrera universitaria es la principal decisión económica que toma un joven en su vida, propongo que lo que se debe hacer es abrir una amplia y sincera discusión sobre el tema, discusión que giraría sobre dos aspectos fundamentales: 1ero. La realización de una revisión drástica de todas las escuelas de Derecho de las distintas universidades del país  2do. Proponer una adecuación más rigurosa y extensa de los planes de estudios, es decir, que el perfil del nuevo profesional del Derecho sea el de aquel que no sólo domine la técnica jurídica, sino que esté en condiciones de comprender los principales problemas sociales y económicos de la actualidad, en un mundo donde el comercio exterior y la integración económica son los temas obligados de los Estados, lo que tendría como consecuencia básica que los que no tienen aptitudes para el estudio serio y reflexivo que implica el ejercicio de esta hermosa profesión, probablemente no se animen a estudiar Derecho.

Pero ésta es una discusión para especialistas y para entendidos en la materia, ya que el tema es muy complejo, y de implementarse beneficiaría sensiblemente a los nuevos abogados y al sistema judicial, en tanto que la inmensa franja de profesionales del Derecho que no tuvimos esa oportunidad sólo tendríamos dos opciones: ponernos a estudiar seriamente o conformarnos con los versos de un excéntrico poeta español ya desaparecido, llamado León Felipe Camino que dicen lo siguiente: «Oí tocar a los violinistas del mundo,/ a los grandes «virtuosos»/ y me quedé maravillado./Si yo tocase así!…¡Como un «virtuoso»!/Pero yo no tenía/escuela/ni disciplina/ ni método…/ Y sin estas tres virtudes/ no se puede ser «virtuoso»/. Me entristecí,/ y me fui por el mundo a llorar mi desdicha.

Atentamente,

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