De manera muy sistemática y reiterativa, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, la más alta voz de la Iglesia Católica dominicana, ha abogado por la eliminación del financiamiento de los partidos por parte del Estado, vale decir, de los contribuyentes.

Partiendo de López Rodríguez, cualquier propuesta siempre es interesante y tiene que ser valorada por la sociedad. Sin embargo, hay que resaltar que la esencia original de ese subsidio fue reducir la dependencia económica del sistema político nacional de las ayudas de los empresarios, condicionada la mayoría de las veces a favores que comprometen las iniciativas en el ejercicio del poder de cualquier gobernante.

Pero también se tomó en cuenta para ese financiamiento, tratar de evitar la utilización de dinero sucio en las campañas, lo cual no se ha logrado en su totalidad, pero por lo menos se ha mediatizado. Se imaginan los lectores qué sería de nuestra democracia si sus autores, que son los partidos, estuvieran a expensas en términos económicos de mafias nacionales e internacionales. En ese sentido, cabe perfectamente la frase de que la medicina sería peor que la enfermedad.

Hay otros aspectos que justifican el mantenimiento, con una rigurosa fiscalización de la Junta Central Electoral, del señalado apoyo financiero: cuando se está en la oposición no hay forma de competir con el que está en el gobierno, en un país donde desde el poder se hace y se puede todo. Todos los partidos políticos han pasado por esa amarga experiencia.

Porque hoy se está arriba y mañana abajo y los tres grandes: PLD, PRD y PRSC, avalan históricamente hablando esa incuestionable realidad.

Sabemos que el cardenal López Rodríguez desearía, con mucha justeza, que esos fondos fueran invertidos en cubrir necesidades apremiantes de la población, pero hay otras áreas de desviación de recursos que si se controlaran la República Dominicana fuera un paraíso.

Hay que pagar el precio de la democracia, decía un insigne líder político con mucha razón y propiedad. Ello no se contrapone a la idea que casi todos compartimos de reducir el tiempo de las campañas y, en consecuencia, de sus elevados costos.

Sin partidos políticos fuertes no hay democracia. Sin democracia no hay libertad ni desarrollo. La dominicana, con sus defectos y vicios ha tenido una práctica ininterrumpida de más de cuarenta años. Esa estabilidad no tiene precio y ha permitido el auge de sectores como el turismo, las telecomunicaciones, la industria, las zonas francas aunque hoy están pasando por un mal momento; la cultura en todas sus manifestaciones, la imprescindible inversión extranjera y hasta los deportes.

El fin de los golpes de Estado y las asonadas militares es el resultado en gran medida de ese sistema en su proceso de consolidación y todavía con lagunas que tienen que ser corregidas. Y no hay duda de que el liderazgo político dominicano tiene su cuota de responsabilidad.

Finalmente, a nuestro querido Cardenal, las gracias por su preocupación y permanente empeño en poner sobre el debate temas de interés general.

Atentamente,
Miguel Pineda López