Cartas
Junta y Suprema

<STRONG>Cartas<BR></STRONG>Junta y Suprema

En un país donde medianamente se respeten los poderes públicos, no habría la necesidad de estar reclamando que se consignen en el Presupuesto de la nación los fondos necesarios, que a veces hasta por ley, están claramente estipulados.

Sin embargo, eso se ha hecho una desagradable costumbre, que pone muy en entredicho la institucionalidad nacional y que justifica el calificativo de Estado fallido de algunas instancias internacionales.

Cuando escuché al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, anunciar el cierre de la Escuela de la Magistratura en caso de que el gobierno no obtempere a sus demandas económicas, sentí de nuevo pena y vergüenza por la nación en que vivimos.

Es realmente insólito que ni siquiera con el Poder Judicial, que es el guardián de la ley, se haga una excepción, aunque sea para cubrir las apariencias.

Lo mismo ocurre con la Junta Central Electoral, que es el organismo que está comprometido a organizar unos comicios presidenciales libres, transparentes y democráticos. Los recursos que recibe esa institución, integrada por jueces honorables, incluyendo su presidente Dr. Julio César Castaños Guzmán, son entregados a cuenta-gotas, en una actitud que no tiene una explicación racional y convincente, y que ojalá no retrase los trabajos para montar el certamen cívico.

La Cámara Administrativa de la Junta, encabezada por el Dr. Roberto Rosario, y que es donde descansa la mayor responsabilidad en el montaje de las próximas elecciones, está realizando un trabajo diáfano y efectivo. Esa junta, como lo ha reiterado su titular, está actuando de cara al sol, lo que despeja cualquier duda en cuanto al manejo de recursos.

La Suprema Corte de Justicia tiene que seguir desarrollando programas que son fundamentales para el crecimiento y la calidad del sistema judicial en su conjunto. No se le puede regatear los fondos que la propia ley establece. Esa distorsión tiene que ser descontinuada en esta oportunidad por el Poder Ejecutivo y por el mismo Congreso de la República, que al final aprueba el Presupuesto de la nación. 

No podemos seguir dando la imagen ante el mundo de que somos una sociedad donde no se cumplen las reglas o de que la Constitución es un pedazo de papel, frase célebre del extinto doctor Joaquín Balaguer.

Hemos avanzado mucho en términos materiales, a pesar de que todavía reina una espeluznante pobreza en segmentos importantes de nuestra población, pero en lo que tenemos que acelerar la marcha es en el orden institucional.

La sensatez del presidente Dr. Leonel Fernández, que es además candidato presidencial de su partido, el de la Liberación Dominicana, debe prevalecer en las circunstancias actuales que son, dicho sea de paso, muy especiales por la cercanía del proceso electoral que se avecina.

Personalmente, confío en la equidad y el buen juicio del primer mandatario. Dinero hay de sobra, no para que se derroche, sino para que se destine a engrandecer a la patria.

La Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia merecen que se le asignen los recursos económicos que demandan para cumplir con los sagrados roles institucionales que la Constitución le faculta.

Atentamente,

Miguel Pineda López

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