Cartas
Obras del Estado

Cartas<BR><STRONG>Obras del Estado</STRONG>

Señor director:
A través de este medio, en distintas ocasiones nos hemos referido a la importancia que reviste que el Estado dominicano asegure sus bienes, especialmente aquellos que están más expuestos a catástrofes provocadas por huracanes y terremotos, citando entre ellos los puentes, los elevados, las carreteras, las presas, etc.

Hemos sido reiterativos sobre este tema, porque nos preocupa sobremanera lo que pudiera ser de nuestro país, en caso de un evento de propensión catastrófica y en ese tenor, recordamos que los daños ocasionados por el huracán Georges, en el año 1998, ascendieron a más de 33,000 millones de pesos, equivalente a casi el 90 por ciento de la totalidad de los ingresos percibidos por el Gobierno durante ese año fiscal, datos estos de conformidad con la evaluación hecha por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Estamos conscientes que, para asegurar dicho patrimonio, el Gobierno dominicano necesitaría invertir una suma de dinero que, por lo general, no contempla en su presupuesto. Pese a que, si desgraciadamente ocurriera una catástrofe natural como cualesquiera de las señaladas, para afrontar las pérdidas económicas que se puedan derivar, el Estado forzosamente tendrá que agenciarse el dinero necesario, aunque tenga que apelar a los mercados financieros internacionales en búsqueda de empréstitos para solventar los trabajos de reconstrucción de las obras públicas que resultaren dañadas. Con el agravante de que para la reparación requerida precisará de mucho más dinero del que cobrarían las compañías aseguradoras por concepto de prima. Con certeza se puede decir que las primas a pagar resultaran cuantiosamente inferiores a la suma de dinero indispensable para reponer las pérdidas económicas ocasionadas por un evento de índole catastrófico.

Todos los años, desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, en nuestro país se vive una tensa incertidumbre, por su exposición a la ocurrencia de ciclones tropicales y huracanes, acontecimientos éstos que a lo largo de la historia nos han estremecido, desencadenando muertes, destrucción y sufrimiento humano.

Pero tampoco estamos exentos de los terremotos. Conviene que prestemos atención a lo revelado por los especialistas en la materia, quienes nos expresan que los mismos se deben a la gran cantidad de fallas que cruzan nuestro país y que, en consecuencia, está latente la probabilidad de experimentar un terremoto de entre cinco y siete grados en la escala de Richter, cada 30, 50 y 70 años.

Informaciones como las descriptas deben movernos a la reflexión e instarnos a tomar medidas preventivas fundamentales frente a estas clases de contingencias, donde la voluntad del hombre no interviene, prevaleciendo un solo camino: planificar por adelantado programas de emergencia para tratar de reducir al mínimo el riesgo de los posibles daños a las personas y a las propiedades, y al mismo tiempo, procurar aminorar las consecuencias económicas que se producen, recorriendo a un adecuado Programa de Seguros.

Creemos que es hora de formar conciencia sobre las repercusiones que pueden tener para el país los efectos de un evento de esa magnitud. No podemos permanecer indiferentes y consentir que esta situación permanezca así por más tiempo. Las propiedades públicas cuando son inutilizadas o destruidas a consecuencia de desastres de la naturaleza, sus efectos son dilatados y demoledores, lesionando duramente el desarrollo nacional.

Si el Estado dispusiese de un Programa de Seguros protegiéndose contra las consecuencias económicas que originan los indicados eventos naturales, en caso de un siniestro, se liberaría de tener que apelar al empréstito y los recursos que pueda disponer o recibir como ayudas humanitarias, utilizarlos exclusivamente para asistir a los damnificados.

Para la elaboración del aludido programa, es primordial realizar un inventario físico, cuantificando el valor de reconstrucción de cada obra a ser asegurada y, con esas particularidades, establecer acercamientos con las principales aseguradoras del país para la presentación de propuestas y posterior formalización de contrato. Como alternativa practicable está la de utilizar la compañía del Estado, Seguros Banreservas, para que ésta fungiera como la Compañía Líder o Abridora, e integrar a las aseguradoras del mercado que manifiesten interés en participar en este proyecto, acorde a las capacidades locales de cada una y de sus respectivos contratos de reaseguros, con lo cual se constituiría un pool de compañías de seguros, y para la prima resultante, agenciarse la formalización de un convenio de pago.

Consideramos importante destacar, que una gran parte de los riesgos asegurados en nuestro territorio, terminan en el mercado internacional a través de las compañías reaseguradoras que respaldan a las empresas de seguros locales, lo que a la hora de un siniestro catastrófico, garantiza recursos rápidos para el país, en monedas extranjeras, que son transferidos en calidad de anticipos a las compañías de seguros, sus clientes, dentro de unos pocos días, prácticamente en horas, sin trámites burocráticos. Pero, además, corrientemente las compañías reaseguradoras ofrecen como servicio complementario, apoyo de ingenieros y técnicos con muchas experiencias para colaborar en la peritación de siniestros.

Como puede apreciarse, en caso de una catástrofe de la naturaleza, son diversos los servicios que garantizan las compañías de seguros, para la pronta recuperación del país, razón valedera para que repitamos: alcanza prioridad que las obras del Estado sean aseguradas.

“A menudo cuesta más reparar el daño después de que éste haya surgido, que prevenir dichos daños en el primer instante”. Asser Lindbeck.

Atentamente,
Oscar A. Madera

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