Hoy 
Señor director:
Si queremos demostrar signos de avance en la configuración de nuestro desarrollo institucional, un buen botón de muestra sería lograr que prime la calidad humana y profesional en la selección de los miembros que integren la directiva de nuestro organismo electoral.
La recomposición que se avecina de la Junta Central Electoral debe apuntar a superar las razones que pusieron en entredicho la imparcialidad de nuestro más alto tribunal electoral. Esto es, no debe estar integrada mayoritariamente por jueces con cercanías partidistas que los incapaciten para tomar decisiones justas y equilibradas o que los hagan prestarse a componendas clandestinas o juego de prestidigistaciones con el mandato de las urnas. La selección que se haga debe atender a la trayectoria personal y los servicios al país de cada miembro, ya que las conductas individuales son transferibles colegialmente en términos de imagen. De lo que se trata es de conformar una JCE creíble, libre de toda sospecha que contamine sus veredictos electorales.
No pueden haber sombras de dudas y desconfianza que opaquen o descarten la validez institucional de la JCE como organismo rector del proceso electoral.
Sus funciones como garante de la voluntad popular descansa en su probidad moral y en el reconocimiento de sus atribuciones legales por parte de toda la sociedad.
Cuando esto se da, sicológicamente está preparado el terreno para que los perdedores estén mejor dispuestos a la aceptación de resultados adversos.
La aceptabilidad de los veredictos de la JCE, exigen que los magistrados electorales se hallen libres de prejuicios que pudieran precondicionar su trabajo.
De entrada, no puede haber perspicacias que pongan entre signos de interrogación la objetividad y la imparcialidad de su actuación frente a los conflictos, problemas y controversias que se deriven de las elecciones del próximo 16 de mayo.
La escogencia de los magistrados electorales se ofrece como una buena oportunidad para levantar la imagen de nuestro Tribunal Electoral, para que ese órgano recobre la confianza y garantice la neutralidad e independencia que debieran de corresponderle.
En estos momentos en que se hacen sugerencias sobre quién debiera presidir la JCE, me satisface que personas de afectos personales cosechados en la convivencia barrial y en la militancia ideológica de los años mozos, como el juez Roberto Rosario, figuren entre los más recomendables para ocupar esa posición.
Pese a que no le veo desde hace años, siempre he visto en Robertico a una persona íntegra y de sólidos principios que sobrepone por encima de cualquier otro interés, como se vio cuando hasta un alto dirigente del partido que lo propuso como juez le encrespó públicamente que recordara el origen de su puesto, ante la independencia de su conducta.
Ello hace suponer que este organismo, en las manos de Rosario, cuenta con la presunción de probidad y con el requisito de honestidad necesario para juzgar sin sospecha, desde la neutralidad, los problemas electorales que puedan surgir.
Con Roberto Rosario, como presidente de la Junta, habría menos margen para los cuestionamientos de los más perspicaces. Apostar a Roberto Rosario Márquez a la presidencia de la Junta es ir a lo seguro. Es transitar por un rumbo conocido, sin sorpresa alguna. Es tener la certeza de lo predecible en términos éticos y morales.
Viéndolo con criterio de administración institucional, Robertico no es el cargo para el hombre, sino el hombre para el cargo. Por su entereza, por su conciencia moral, por su incorruptibilidad, nadie podrá ver con desconfianza los resultados electorales y los fallos que se tomen, lejos de caldear el ambiente nacional, traerán la paz poselectoral. Roberto es el juez más accesible, abierto y comunicativo frente a la opinión publica. Esto de por sí es un preludio de mayor apertura de la JCE a las inquietudes de los partidos y sectores de la vida nacional interesados en el correcto accionar de nuestro tribunal de elecciones. Por todo ello, me sumo al Colegio de Abogados en su propuesta de que sea el juez Roberto Rosario quien presida la JCE. Nuestra democracia tendría en él a un celoso guardián de la institucionalidad, la legalidad, la legitimidad, la equidad, la transparencia y el pluralismo.
Atentamente
Claudio Acevedo
