Los productores del Parque Nacional Valle Nuevo deben resarcir a la sociedad por los daños ambientales más que exigir compensación pero, además, deben recordar que los títulos de propiedad que poseen son en base a acciones ilegales ya que desde el año 1961 están prohibidas las operaciones inmobiliarias en esa área protegida.
Al ofrecer la consideración el ambientalista y biólogo Luis Carvajal explicó que las propiedades que se generaron en la cordillera Central fueron a partir de la explotación intensiva de bosques que inició el dictador Rafael Trujillo con los aserraderos que fomentó junto a su familia y testaferros.
Indicó que se daban derechos por corte, plantas en pie y usufructo.
Detalló que mucha gente convirtió esos derechos en títulos de propiedad. Sin embargo, luego de la muerte de Trujillo el Consejo de Estado prohibió cualquier transferencia inmobiliaria a otra instancia que no sea el Estado, así como la explotación del área.

Indicó que cuando el presidente Joaquín Balaguer tomó el poder en el 1966 también prohibió los aserraderos y luego con la ley de parques estableció el carácter público e intransferible. “Cualquiera que haya entregado eso de buena o mala fe estaba violando la ley y la ilegalidad no genera legalidad”, expresó Carvajal, al insistir que cualquier transferencia de título que haya ocurrido desde el 1961 para acá es ilegal.
Explicó que luego, en 1983, se declaró a Valle Nuevo como reserva científica, una categoría de protección más estricta que la de parque nacional.
Posteriormente, en junio y julio del 1996, con sendos decretos, Balaguer convirtió el área protegida en todo un sistema.
Sin embargo, a su llegada al poder en 1996 Leonel Fernández desarticuló el sistema y permitió la repoblación del parque, pese a la resistencia del movimiento ambiental, señaló Carvajal.
Narró que cuando se aprobó la Ley general sobre Medio Ambiente en el año 2000 y la Sectorial de Áreas Protegidas en el 2002 se volvió a reintegrar todo el sistema de protección porque se quedaron integradas todas las decisiones legales tomadas anteriormente.
Sanciones. Carvajal apuntó que todas las disposiciones citadas prohíben la agricultura y la deforestación y con las nuevas leyes se aprueba un régimen de sanciones que establece que quien deteriora un área está obligado a financiar su recuperación, independientemente de las multas, las incautaciones y responsabilidades civiles.
En el caso de Valle Nuevo entiende que a los productores les corresponden las máximas penas porque además de los daños a los bosques han secuestrado el agua, afectando la disponibilidad de agua para los agricultores de zonas bajas y la productividad de los suelos, por lo que estos han tenido que incrementar las inversiones.
Señaló además que la falta de bosques ha aumentado la erosión haciendo el territorio más frágil a riesgos de desastre por fuertes inundaciones.
Auditoría. Carvajal pidió al Gobierno que realice una auditoría forense para determinar los daños y a partir de ello ir a los tribunales.
Indicó que el hecho de que los productores aleguen que operaban con una aprobación de las autoridades no los exime del delito porque se trata de una complicidad de funcionarios.
Pidió que se acoja lo que establece la Ley 314 sobre el latifundio, que data del 1972 y que en sus artículos 1 y 4 establece que la recuperación no implica compensación.