El director ejecutivo de Casa Abierta favoreció  la propuesta del procurador Francisco Domínguez Brito de  que  la Dirección Nacional de Control de Drogas   (DNCD) pase al Ministerio Público y no siga en la  Presidencia de la República, porque así lo plantea la Constitución.

Radhamés  de la Rosa catalogó como  una equivocación  haber situado como dependencias de la presidencia mediante la ley 50-88, tanto  a la DNCD como al  Consejo Nacional de Drogas (CND).

“Es una secuela del autoritarismo que ha imperado en  nuestro país que sitúa  al  Presidente de la República casi como un emperador que debe tener control de todo. Esto ha sido muy negativo para el desarrollo social y político de nuestra sociedad”, dijo.

Dijo que el problema del tráfico ilegal de drogas  es un asunto de orden público, es un tema de policía más que de seguridad del Estado.

Destacó que la DNCD debe ser una policía especializada, “no como la ilegal  Dirección Central Antinarcóticos (Dican)  de la Policía”,  sino un organismo que   su junta directiva esté   presidida por el Ministerio de Interior y Policía, con la participación   de representantes calificados del Ministerio Público, de  Aduanas, de la Policía, de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y otros.

Señaló que lo mismo debe pasar con el CND, pues el consumo de drogas es un tema de salud, el cual  debe tener una junta  presidida por el Ministerio de Salud, con la presencia de los Ministerios de Educación, Juventud,  Mujer  y otros.  

“Por muchos años, desde  Casa Abierta  hemos planteado la necesidad de hacer una radical revisión de lo que estamos haciendo en materia de drogas, para definir una real, verdadera, eficiente política de Estado en la materia”, dijo.