Hoy 
El director ejecutivo de Casa Abierta, Radhamés de la Rosa, advirtió ayer que constituye un atentado contra las organizaciones que trabajan contra el narcotráfico y en la prevención del uso de estupefacientes la eliminación del párrafo 1 del artículo 33 de la ley 72-02 sobre Lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
Lo más importante no es la distribución de los porcentajes, sino la modificación de ese artículo, porque a partir de ese momento, cualquier caso que tenga vinculación o que provengan del ámbito internacional, es decir que participen investigadores de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) o fiscales internacionales, los recursos decomisados se quedarán en manos de la Procuraduría General de la República, explicó.
Casos. Dijo que ya sucedió con el caso del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, cuyos bienes y dineros decomisados fueron a parar a la administración del Ministerio Público.
Van a legalizar una actuación irregular que vienen realizando desde hace un tiempo, acotó el directivo de Casa Abierta.
De la Rosa dijo que situación similar sucederá con los casos de los hermanos Benítez y José David Figueroa Agosto.
Reducción. Insistió en señalar que producto de esa mutilación, lo que recibirá la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo Nacional de Drogas (CND) y las ONG que trabajan en la prevención de este flagelo será producto de esos casos locales, domésticos que se producen diariamente y que en términos económicos no representan grandes montos.
Recordó que cuando se habló de la posibilidad de modificar la Ley 72-02 para destinar recursos por este concepto al Ministerio Público, sostuvo una reunión con Mabel Féliz, del CND y el general Rolando Rosado Mateo, presidente de la DNCD, y que llegaron a un acuerdo para que se modifiquen los porcentajes a asignar a cada institución, pero no que los recursos gruesos queden en la Procuraduría General de la República para construir cárceles.
Fortalecer. En materia de drogas es más importante fortalecer el sistema de prevención y tratamiento que construir recintos carcelarios, precisó. Agregó que se quedarán prácticamente sin recursos, porque los mayores fondos serán administrados por el Ministerio Público. Si se modifica la ley en cuanto a los porcentajes y se deja tal cual en ese artículo 33 no habría ningún problema y todos estaríamos de acuerdo, puntualizó. Pidió a los legisladores actuar con conciencia y a no tronchar la lucha con el narcotráfico.
Informe
La Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados recomendó en su informe relativo al proyecto de modificación al artículo 33 de la Ley 72-02 destinar un 30% de los bienes decomisados a los imputados de estos hechos delictivos a la Procuraduría General de la República y un 30% a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dejando fuera del pastel al Ministerio de Deportes. Las ONG mantendrían el mismo 15 por ciento. El proyecto de modificación será conocido en el hemiciclo mañana martes.
