El director de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, denunció ayer la suspensión por parte de las autoridades de la entrega de recursos a organizaciones sociales que trabajan en la reducción de la demanda de drogas, lo que en su opinión es una muestra del poco interés que tienen en reducir en consumo de esas sustancias.
En nota de prensa, De la Rosa Hidalgo dijo que la Ley 50-88 sobre Drogas establece que el producto de la venta de bienes incautados será destinado para financiar las actividades de instituciones públicas y privadas que trabajan en la reducción del consumo de drogas.
Indicó que desde 2016 no reciben los recursos que ordena la ley, a pesar de que con frecuencia hay reportes de confiscación de dinero en efectivo, generalmente en dólares, que corresponden al lavado de activos relacionado a la actividad ilícita de estupefacientes.
“Las organizaciones sociales, que en su gran mayoría no reciben apoyo estatal atraviesan serias limitaciones para cumplir su misión, especialmente las que atiendeN la demanda de personas adictas”, expresó.
Señaló que en varias ocasiones esa entidad ha solicitado información al respecto al ministro de Hacienda y presidente del Comité contra el Lavado de Activos, Donald Guerrero, pero que su respuesta es que desde la referida fecha no realizan subasta de bienes incautados.
Agregó que el ministro no explica las razones para no asignaR los recursos, si continúan procesando personas por delitos de drogas, pero que tampoco dice por qué no entregan aquellos fondos para los que no es necesario subastar, como son las multas, certificados y los dineros incautados en efectivo, que también están contemplados en la ley.
“En Casa Abierta pensamos que lo que hay es una indolencia estatal, para todo lo que no sea represión. No importan los programas preventivos. No importa el drama de las adicciones y sus consecuencias familiares y sociales”, expresó el activista social.