El director de Casa Abierta, Juan Radhamés de la Rosa, denunció que desde el 2016 no reciben los recursos que contempla la Ley sobre Lavado de Activos, lo que aumenta las dificultades de 15 organizaciones.
La rentención de esos recursos, de por sí insuficientes, agrava la situación de muchos pacientes que no cuentan con fondos para costear el tratamiento, expresó.
Asimismo dijo que los recursos tampoco se entregan al Consejo Nacional de Drogas (CND) ni a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
“Lo más grave es el pobre, o ningún aporte, a las organizaciones sociales, que son las únicas que asumen de forma solidaria el trabajo directo con la población afectada por los consumos problemáticos de drogas”, expresó De la Rosa.
Indicó que para 15 organizaciones reconocidas por el CND, el artículo 33 de la referida ley se convirtió en un modesto apoyo que de forma esporádica aliviaba las serias limitaciones con las que operan día a día estas organizaciones.
Precisó que ese artículo se mantiene vigente en la recién promulgada Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Sin embargo, desde agosto del pasado año 2016, los recursos por esta vía ya no se entregan más. “No ha habido forma de saber de dónde partió la “orden superior”, de paralizar el cumplimiento de este artículo de la ley”, dijo.

De la Rosa sostuvo que no se puede seguir diciendo que hay voluntad política de trabajar contra las drogas, mientras se viola la ley que aunque mínimamente, favorece a las instituciones sociales y estatales que trabajan en ello.