El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Radhamés de la Rosa, demandó ayer del Gobierno cambiar su política antidrogas para evitar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos propiciadas por el actual modelo.
El psicólogo citó entre las fallas del actual modelo el que la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas trata a los usuarios de estas como delincuentes, violentándoles sus derechos, mientras que la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos “se ha convertido en una fuente de corrupción y enriquecimiento de unos pocos”. Advirtió que continuar aplicando un modelo que tiene más de 60 años de atraso y cuyo éxito se basa en la cantidad de sometimientos, “traerá graves consecuencias” porque brinda condiciones favorables para el crecimiento del tráfico y consumo de drogas, la violencia y la corrupción”.
Dijo que es inaceptable que mientras en otras sociedades los modelos apuestan a la inclusión social, en República Dominicana los usuarios continúan siendo marginados, estigmatizados y violentados.