La institución Casa Abierta rechazó ayer las modificaciones a la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos del Narcotráfico, que introdujo la Procuraduría General de la República, al considerar que le quitaría recursos a las instituciones especializadas en la  prevención del consumo de las  drogas.

El presidente de la entidad, Juan Radhamés De la Rosa Hidalgo, afirmó que la ley de Drogas y de Lavados de Activos debió modificarse hace muchos años, “pero para hacerla instrumento verdaderamente útil a políticas preventivas y de atención a las personas que tienen consumos problemáticos de sustancias”.

En una carta,  sostuvo que con la propuesta el procurador Radhamés Jiménez Peña reitera su desprecio a las estrategias preventivas, con argumentos “que quieren ocultar el hecho de que su única motivación es apoderarse de los recursos que la ley genera”, afirma.

De la Rosa Hidalgo indica que la “equitativa distribución” de los recursos del narco, que propone el procurador, sólo le quitaría fondos a las entidades sociales y del Estado especializadas en el tema de drogas, para asignárselo a esa dependencia,  la Policía y el ministerio de Deportes.

Sostuvo que la propuesta de modificación dice que lo que hay que fortalecer en el país no son las políticas de control, ni las políticas preventivas, sino las prisiones.

La modificación a la Ley 72-02 plantea que los recursos del narco se distribuyan de la siguiente manera: un 25% para la Procuraduría General de la República, otra porción igual a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),  y otro 25% al Consejo Nacional de Drogas.

En tanto, un  15% será entregado a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en prevención  y un  10% al Ministerio de Deportes.