Al considerar exorbitante un déficit habitacional de 2.1 millones de viviendas (cualitativo y cuantitativo), un conjunto de organizaciones sociales articuladas en el Foro Ciudadano, anunció este lunes el lanzamiento de una campaña buscando que el gobierno garantice el derecho a la vivienda para toda la población.

En el manifiesto leído, sostienen que existen más de 700 mil familias que comparten viviendas con otras, cerca de 250 mil viviendas deben ser demolidas debido al mal estado del material con que fueron construidas o al lugar donde se ubican, mientras que más de 1.1 millones carece de servicios básicos.

“Estas no son cifras vacías, son personas abandonadas a su suerte, son familiasa las que el Estado les ha negado el derecho a tener una vivienda digna. Es tan alarmante esta situación, que cuatro de cada 10 personas, o no tiene una vivienda o viven en una sin acceso a algún servicio”, lamentó Román Batista al hablar en nombre del colectivo.

Los dirigentes sociales acusaron al Gobierno de desligarse de la responsabilidad de construir viviendas de interés social y dejar en manos del mercado la solución de un problema de interés público.

Un presupuesto pírrico

Afirmaron que cada vez es menor el presupuesto de las instituciones estatales que construyen viviendas, indicando que el monto asignado en el presupuesto para este año 2015 es apenas el 0.06 del PIB, siendo la mayor parte de estos recursos proveniente de la banca nacional y extranjera.

“El panorama del año entrante luce peor. La inversión formulada para el año fiscal 2016 es casi 40% menor que la aprobada para el presente año 2015 y 2 veces y media menor que la inversión programada en el año 2014. El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) se le habrían de recortar los recursos en un 10%. Bajo el actual proyecto de presupuesto 2016 presentado al Congreso, la inversión planteada para la producción pública en Vivienda Social representará apenas RD$ 1,105.7, el 0.03% del PIB”, explicó el economista Rafael Jovine.

En opinión de Román Batista, el derecho a tener una vivienda digna y en un ambiente saludable para una persona de escasos recursos parece alejarse cada día más. Bajo el modelo en que se construye Ciudad Juan Bosch y otros proyectos habitacionales, una persona debería ganar un sueldo mensual equivalente a tres salarios mínimos, estar empleado en el sector formal y tener ahorrado un 10 por ciento del costo de la vivienda que desea comprar.

Presentarán propuesta de ley

Los convocantes de la manifestación han elaborado una propuesta de ley que garantizaría el acceso universal a la vivienda y que eliminarías todas las trabas que existen actualmente.

La propuesta de ley, de ser aprobada garantizaría que se cumpla el artículo 59 de la Constitución, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales.

El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.

#CasaYa

Con pancartas en manos, y vociferando consignas alusivas a sus demandas, los manifestantes se mantuvieron por más de una hora en la plaza de la avenida México con Dr. Delgado, en donde realizaron diversas actividades y advirtieron que su lucha no cesará hasta que el Gobierno garantice este derecho constitucional.

El acróstico de la campaña CasaYa, promueve un Cambio real en las políticas, Ambiente saludable, Seguridad en la tenencia, Arraigo y Acceso a la ciudad. Este movimiento escogió como eslogan: “Ningún hogar sin vivienda, ninguna vivienda sin hogar”.